Inclusión en pausa: Cuando las leyes no abren todas las puertas

María José Escudero

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La inclusión de las personas con discapacidad sigue siendo una deuda pendiente para nuestro país. A pesar de contar con grandes leyes que promueven su inclusión social y laboral, la cotidianeidad de muchas personas de esta comunidad demuestra que aún queda un largo camino por recorrer para que ésta se dé de manera plena.

Conocer de cerca las historias de quienes batallan por acceder al mercado laboral, o de aquellos(as) que ya lograron insertarse, pero continúan enfrentando barreras invisibles, es entender la magnitud del desafío. En Chile, 2,7 millones de personas adultas viven con alguna discapacidad. Sin embargo, según el Observatorio Laboral de Sence RM y el Centro de Políticas Públicas UC, sólo tres de cada 10 tienen empleo, lo que refleja una exclusión estructural que persiste a pesar de los avances normativos.

Las barreras no siempre son físicas. El trato que reciben, las miradas que los excluyen, los prejuicios persistentes, las limitadas oportunidades de capacitación o el escaso acceso a cargos con responsabilidad son factores que dificultan su desarrollo pleno. En muchos casos, la incorporación al mundo laboral se limita a puestos de baja responsabilidad, lo que obliga a muchas personas con discapacidad a desempeñar labores sin posibilidades de crecimiento profesional. Además, la misma fuente da cuenta de que el salario promedio de este colectivo es de $480.000, lo que pone de manifiesto la precariedad laboral que enfrentan.

A pesar de los avances legales, es fundamental dar cuenta que cumplir con una cuota no es suficiente; se requiere que las empresas y organismos públicos transformen sus estructuras y prácticas para permitir una inclusión efectiva. Esto incluye ofrecer adaptaciones en los entornos laborales, diseñar programas de capacitación accesibles y fomentar equipos diversos en todos los niveles.

Para muchas personas con discapacidad, tener un empleo no solo representa una oportunidad para desarrollarse profesionalmente, sino también para mejorar su calidad de vida. Sin embargo, la precariedad laboral persiste: contratos temporales, salarios inferiores a los merecidos y falta de acceso. Todo esto perpetúa la exclusión social y limita el acceso a servicios básicos que son fundamentales para una vida digna.

La discriminación y el desconocimiento sobre las habilidades y capacidades de las personas con discapacidad continúan siendo barreras profundas. Superar este panorama requiere un compromiso transversal. Es necesario derribar los prejuicios y estigmas que aún limitan el potencial de muchas personas.

Es fundamental asumir una responsabilidad colectiva, creando un entorno en el que todas las personas, independientemente de su condición, capacidades y tantas otras cosas, puedan desarrollarse y contribuir a la sociedad. Valorar la diversidad en el trabajo no es solo una cuestión de justicia, sino también una oportunidad para enriquecer nuestra economía y nuestras comunidades con nuevas perspectivas y talentos. Basta de etiquetas, somos mucho más que eso.