La emergencia de la inclusión
Chile no está exento de hechos de EMERGENCIA, menos de desastres ocasionados por terremotos, tsunamis e incendios, quedando en evidencia la necesidad urgente de contar con protocolos especializados de prevención, evacuación y respuesta dirigidos a personas en situación de discapacidad y dependencia.
Los grupos ya señalados enfrentan barreras a su movilidad, comunicacionales, sociales y estructurales que limitan su capacidad de evacuación autónoma, incrementando su vulnerabilidad frente a emergencias. Al mismo tiempo, la ausencia de protocolos inclusivos puede derivar en riesgos graves para la vida, la integridad física y el ejercicio de derechos fundamentales, contraviniendo los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los marcos nacionales de gestión del riesgo de desastres.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) no ha logrado abordar por completo los desafíos que implica incluir los distintos tipos de barreras que impiden el pleno resguardo de las personas en situación de discapacidad, y de quienes ejercen labores de cuidado. Entrega recomendaciones orientadas a personas autónomas, sin considerar a quienes se encuentran al cuidado de una persona con dependencia. Dispone de instructivos para que los gobiernos locales consideren a las personas en situación de discapacidad, en los planes comunales de emergencia y protección civil, sin embargo, la aplicación práctica de estas directrices depende de cada municipio o servicio, por lo que su cumplimiento es desigual y sin mecanismos de monitoreo y seguimiento consolidados.
En síntesis, Chile ha avanzado en el plano normativo y de planificación, pero la implementación territorial es limitada, ya que existen bases institucionales sólidas, pero aún falta garantizar que la protección inclusiva en emergencias sea efectiva, coordinada y universalmente accesible.
En este contexto, la implementación de protocolos inclusivos resulta fundamental para garantizar una respuesta oportuna, coordinada y accesible, que considere la identificación y registro de personas con necesidades de apoyo, la capacitación de equipos de emergencia y redes comunitarias, la provisión de apoyos técnicos y humanos para la evacuación, y la adaptación de sistemas de alerta temprana en formatos accesibles. Asimismo, estos protocolos deben articularse con el Sistema Nacional de Cuidados, en la lógica de coordinación intersectorial y corresponsabilidad ante hechos de emergencias y desastres.
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