Madres en la encrucijada: sobre discriminación y el futuro de la natalidad en Chile

Andrea Sato Jabre

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En el debate sobre la baja en la natalidad en Chile, algunas voces de la derecha han culpado al pensamiento "woke" y al avance de los feminismos por esta situación, sugiriendo que el descenso de las tasas de natalidad está vinculado a la erosión de los roles de género tradicionales y de los valores familiares conservadores. Para esta perspectiva, la caída demográfica es un pretexto para promover una agenda cultural que busca restaurar lo que ellos consideran un "orden natural" en la sociedad. Se argumenta que tanto mujeres como hombres han perdido el sentido de su lugar "natural" y que la solución pasa por resacralizar el matrimonio heterosexual y procreador, revalorizar los roles de género tradicionales y limitar la participación femenina en el espacio público. Esta lógica resulta, entre otras cosas, simplista, ya que ignora la complejidad de la realidad actual y las múltiples dimensiones que afectan la decisión de gestar en Chile.

Este es el escenario actual: Según el INE, en 1992 los nacimientos en Chile alcanzaron 279.098 casos. Treinta años más tarde, en 2022, esta cifra se redujo a 189.303 nacidos vivos, lo que representa una caída de 89.795 (32%). Si se compara con 2023, cuando nacieron 174.067 personas, la diferencia es aún más pronunciada, alcanzando los 105.031 nacimientos (38%). Este descenso significativo en la natalidad no puede ser atribuido únicamente a factores culturales o ideológicos; es un reflejo de las condiciones socioeconómicas, laborales y de género que enfrentan las mujeres en el país.

El informe "Penalización salarial y de tiempo para madres trabajadoras" de la Fundación SOL, basado en Casen 2020 y ENUT 2015, revela que las mujeres que se convierten en madres sufren una discriminación sistemática en el ámbito laboral, lo que se traduce en una penalización salarial significativa. Las madres ganan, en promedio, 21% menos que las mujeres sin hijos, una brecha que se amplía con cada hijo adicional. Este fenómeno no solo afecta la economía familiar, sino que también impacta en la decisión de tener hijos, contribuyendo a la actual crisis de la natalidad en el país.

El informe destaca que las mujeres enfrentan una "penalización salarial por maternidad" que es particularmente severa para las mujeres de bajos ingresos. Las madres en el percentil más bajo de ingresos experimentan una reducción del 6% en sus salarios por cada hijo adicional. Esta situación se agrava aún más si se considera que las mujeres asumen una carga desproporcionada de trabajo no remunerado, dedicando, en promedio, 56 horas semanales a tareas domésticas y de cuidado, en comparación con las 24 horas que dedican las mujeres asalariadas sin hijos.

Esta carga desigual no solo tiene repercusiones económicas, sino que también perpetúa un ciclo de discriminación en el que las mujeres se ven forzadas a elegir entre su desarrollo profesional y sus responsabilidades familiares. La estructura patriarcal, que define a las mujeres como cuidadoras y a los hombres como proveedores, limita las oportunidades de las madres y refuerza la idea de que el cuidado es una responsabilidad privada, que debe llevarse a cabo en el ámbito doméstico. Por lo que "culpar" a las feministas por la baja de la natalidad es no comprender las causas multifactoriales en torno a la dificultad de convertirse en madre en escenarios adversos.

Es crucial que la sociedad chilena comience a replantearse el modelo de crianza y cuidado, moviéndose hacia un enfoque más comunitario y social. La maternidad no debe ser vista como una carga que las mujeres deben afrontar solas; es un proceso que requiere el apoyo de toda la comunidad. La falta de políticas públicas que promuevan la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos ha llevado a que las mujeres se conviertan en las únicas responsables de la crianza, lo que a su vez perpetúa la discriminación en el espacio público.

Las políticas de conciliación laboral y familiar deben ser una prioridad, promoviendo la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos y liberando a las madres del peso de la penalización laboral. Esto no solo beneficiaría a las madres, sino que también contribuiría a pensar desde otras ópticas la maternidad, ya que las mujeres se sentirían más seguras y apoyadas al considerar la posibilidad de tener hijos dentro de sus proyectos de vida.

Entonces, ¿qué hacemos? ¿Rechazamos la maternidad? ¿Se asume la narrativa de la derecha sobre los movimientos sociales que buscan la autonomía de las mujeres? No. Lo que urge es romper con la maternidad como mandato e institución opresiva, pensar en esa gran categoría, "Madre", desde las diversidades, lo creativo y lo comunitario. Reconstruir una maternidad que sea compartida, libre de culpa y de sobrecarga. Maternar implica que esta decisión sea plenamente informada, tomada en condiciones que garanticen el bienestar, los cuidados y la dignidad de quien la asume. Esta elección no puede estar condicionada por la presión social, religiosa o institucional, ni por la ausencia de derechos de salud sexual y reproductiva.

La maternidad elegida es un principio fundamental de la justicia reproductiva que reconoce el derecho de cada persona a decidir si desea, o no, ser madre o embarcarse en un proyecto reproductivo, cuándo y en qué condiciones. No se trata solo de acceso a anticoncepción o aborto, sino de la posibilidad real de ejercer la maternidad de forma voluntaria y digna.

Defender una maternidad deseada es también reconocer que las mujeres, en toda su diversidad, son sujetas de derecho, capaces de ejercer su autonomía sobre su proyecto de vida y, por ende, sobre sus cuerpos. Por eso es urgente trascender la maternidad como obligación y reconstruirla desde el deseo, la autonomía corporal y el cuidado compartido. Entender la crianza y la diversidad como un proyecto amplio de crear comunidades.

Es urgente desnaturalizar esta entrega total que el sistema espera de las mujeres y empezar a construir comunidades que cuidan, pero no a costa de los cuerpos de siempre. Una maternidad compartida no puede seguir siendo una solución de emergencia nacida del abandono, sino una elección política basada en la justicia, la corresponsabilidad y el derecho al descanso.