Un error inadmisible, una renuncia necesaria y la solución correcta

Alejandro Kusanovic Glusevic

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La renuncia de Diego Pardow como ministro de Energía era una consecuencia inevitable de un error que no solo afectó la credibilidad de las instituciones, sino que golpeó directamente el bolsillo de millones de chilenos. Lo ocurrido con el cálculo de las tarifas eléctricas -donde se aplicó dos veces el Índice de Precios al Consumidor (IPC)- no puede considerarse una simple equivocación técnica. Se trata de un error estructural, sostenido en el tiempo, permitido por la desidia y la falta de control al interior del propio Ministerio de Energía.

Fue la Comisión Nacional de Energía (CNE) la que encendió las alarmas al detectar esta irregularidad en el proceso de actualización tarifaria. El informe preliminar reveló que, de no haberse advertido el problema, las familias habrían seguido pagando tarifas infladas injustamente. Según los primeros cálculos, al corregirse la desviación, las cuentas de luz podrían bajar en torno a 2% a partir de enero de 2026. Pero eso no es suficiente.

Más allá de la corrección futura, existe una deuda pendiente con los consumidores. Se ha cobrado de más, y esos recursos deben ser devueltos con los intereses que correspondan. Lo mismo que se exige a los ciudadanos cuando enfrentan una deuda debe aplicarse al Estado y a las empresas eléctricas: devolver el dinero indebidamente cobrado con la misma rigurosidad con que se exige el pago de cada cuenta.

He manifestado con claridad que esta situación era tan intolerable que exigía la salida inmediata del ministro, así como la de otros posibles responsables. No podía quedar sin sanción un error de esta magnitud. Es positivo que Pardow haya presentado su renuncia, pero el problema no termina ahí. Hay funcionarios que participaron en estos cálculos y que han permanecido durante años en el Ministerio de Energía. Ellos también deben rendir cuentas.

En Chile no puede seguir instalándose la sensación de que los errores de la administración pública no tienen responsables. La confianza de los ciudadanos en las instituciones depende de que existan consecuencias claras ante fallas de esta envergadura. Si se tolera la impunidad técnica o burocrática, se erosiona la fe pública y se alimenta el desencanto ciudadano con el Estado.

Lo ocurrido debe servir como una lección: el país necesita revisar los mecanismos de fiscalización y control de sus políticas tarifarias, fortalecer los equipos técnicos y asegurar una trazabilidad real de los procedimientos. La negligencia o el descuido en materias tan sensibles como la energía, que incide en cada hogar y en toda la economía, son inaceptables.

Es urgente actuar con transparencia y corregir lo que ha estado mal. Se requiere adoptar medidas efectivas para que esto no se repita, pero también reparar el daño ocasionado. La ciudadanía merece respeto, claridad y justicia. Y eso comienza por reconocer las culpas y asumir responsabilidades.

La forma más sana y correcta de corregir el error y normalizar la situación es abonar el cobro extra a la deuda existente por el congelamiento de las tarifas eléctricas, y luego recalcular las actuales alzas futuras con dicho abono efectuado. De esta forma, se neutralizan los efectos en la economía de las familias y se corrige de manera eficiente cada peso cobrado de más.