Mujeres, niñas y niños, los más expuestos en la crisis migratoria

Los hechos ocurridos el pasado 25 de septiembre en Iquique con la población migrante no sólo son condenables, sino que muestran la cara más horrible de Chile. El trato inhumano al que fueron expuestas esas familias es francamente deleznable. Frente a esta situación, nuestra institución y diversos organismos y agencias internacionales, además de organizaciones de la sociedad civil, condenaron los actos de xenofobia.

La falta de respuesta efectiva del Gobierno frente a la quema de pertenencias de los migrantes venezolanos a manos de los manifestantes representa el mayor símbolo de inhumanidad, patrocinada por el abandono de la autoridad en su obligación de dar protección a la población nacional como también a los extranjeros.

En esta crisis, quienes requieren mayor protección son las mujeres, niñas y niños, pues tienen múltiples condiciones que las y los exponen a ser víctimas de formas interseccionales de abusos, entre ellos la trata con fines sexuales.

Las mujeres, niñas y niños son los grupos más vulnerables y esa condición, y se acentúa en la población migrante. Migrar es un derecho humano y el llamado a la autoridad es a erradicar la xenofobia y la discriminación. Así fortalecemos la democracia.

De acuerdo al Derecho Internacional de los DD.HH., los Estados deben prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos ocurridos bajo su jurisdicción, sin distinción de nacionalidad o estado migratorio y no esperamos menos del Gobierno del Presidente Piñera. Aquí se debe investigar y sancionar a los responsables de estos hechos.

En los compromisos internacionales suscritos por Chile, el Estado tiene la obligación de garantizar el respeto a los derechos humanos y sancionar a quienes los violen. Más claro quedó en la Declaración de Cartagena de 1984 y en la Declaración de San José de 1994, donde Chile reconoció la importancia de la preservación de los derechos inalienables de los migrantes, garantizando su bienestar y dignidad humana en todo momento, circunstancia y lugar.

Ya es hora de que el Gobierno chileno adopte una política migratoria humanitaria respetuosa de los derechos humanos, con específica salvaguarda de mujeres, niñas y niños, mediante el establecimiento de canales para una migración segura, albergues en condiciones adecuadas y la promoción del diálogo entre autoridades locales, población migrante y población local. Es deber del Estado promover el bienestar de todas las personas bajo su jurisdicción, no únicamente de aquellas que erróneamente llama "legales".

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