La ley 21.378, promulgada el 29 de septiembre de 2021 y publicada el 4 de octubre del mismo año, establece el monitoreo telemático para casos de violencia intrafamiliar (VIF) como una medida para resguardar la vida de mujeres, quienes son las principales víctimas de violencia de este tipo.
A través del uso de un brazalete, tobillera electrónica u otra herramienta de vigilancia, se monitorea al agresor/a para así controlar que este/a no se acerque a la víctima.
Pero ¿ha logrado esta ley proteger a las víctimas con eficacia? A través de una investigación llevada a cabo por El Mostrador Braga, se informa que actualmente "no existe un stock fijo de dispositivos", pero que "entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de marzo de 2023 se encontraban activos 76 sujetos de control y 67 víctimas, es decir, un total de 143 dispositivos activos".
Estas cifras reflejan como nuevamente las políticas públicas no resguardan la vida de las mujeres. El Estado, a pesar de hacer avances, sigue al debe con ellas, ya que no ha logrado proteger y respetar a un grupo de la sociedad que día a día se ve vulnerado por la violencia de género y el machismo.
Nuevamente vemos como es de vital importancia que el cambio sea estructural, gestándose desde temprana infancia, para que por ejemplo, los estereotipos de género sean deconstruidos y las personas se puedan desarrollar con la conciencia de la importancia de la igualdad, equidad y respeto. Este cambio se facilitaría con la existencia de una Ley en Educación Integral de la Sexualidad, para que comprendiéramos a través de diversos componentes, como construir una sociedad más igualitaria, que rechace la discriminación en todo sentido y que promueva los derechos humanos y los de las mujeres.
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