Rehabilitar con humanidad

Marcelo Sánchez
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Hace pocos días el Instituto Nacional de Derechos Humanos reveló un aumento en los niveles de hacinamiento de las cárceles y la persistencia en el deterioro de las condiciones de salubridad y de habitabilidad de los internos. Esto es consistente con numerosos informes previos, como el de la Corte Suprema dado a conocer antes de la pandemia. Asimismo, quienes de alguna forma u otra hemos conocido esta realidad podemos entender que la situación es crítica, e impide un adecuado proceso de reinserción social.

Las condiciones carcelarias se transforman en parte de un mismo relato de exclusión social, de allí que no permiten reinstalar (o instalar) capacidades prosociales, fundamento mismo de la rehabilitación delictiva. En efecto, el año 2015 la Fundación San Carlos de Maipo y Paz Ciudadana revelaron importantes datos que daban cuenta de altos niveles de exclusión en la población intra penitenciaria, abandono temprano del hogar, no acceso a sistemas de salud, alto consumo de drogas, deserción escolar (sobre el 80%), haber estado en el sistema de protección, tener padre o madre presa, etc.

Asimismo, la Fundación de la Sociedad del Canal de Maipo impulsó junto a la PUC el primer estudio longitudinal de seguimiento de mujeres privadas de libertad, que cumpliendo su condena e iniciando su proceso de reinserción daba cuenta de la persistencia de situaciones graves de marginación y bajo apoyo a los procesos que les permitieran abandonar definitivamente sus trayectorias delictivas.

La cárcel tiene elevados niveles de reincidencia criminal, más de 50% antes de los 2 años y probablemente ésta sea una de las causas de ello. Cambiar una realidad de exclusión y el comportamiento criminógeno a la base requiere de condiciones adecuadas y apoyo integral en los procesos intra y post penitenciario.

En el caso de las mujeres -además- precisa de una mirada respecto a su realidad específica, muchas son jefas de hogar, con bajo nivel educativo, 9 de cada 10 son mamás y 6 de cada 10 tiene un niño menor de edad, tras lo cual han sido separadas de sus hijos y la prioridad es la reunificación familiar. Una de cada 3 es dependiente de las drogas, 1 de cada 4 se envenena con pasta base, 7 de cada 10 declara haber sido víctima de algún tipo de agresión física, verbal o sexual de parte de sus parejas o convivientes.

En este contexto, el informe y todos los que dan cuenta de esta realidad evidencian la imposibilidad que la cárcel sea una solución que rehabilite y, por ende, reduzca los niveles de victimización estructuralmente altos.

Si esperamos generar un cambio positivo en la población penal es necesario invertir en infraestructura y oferta programática de calidad, comprometida con los resultados y que distinga la especificidad de comportamientos criminógenos y los factores de riesgo a la base. Para ello es imprescindible avanzar en contar con tribunales especializados para la ejecución de las penas que apunten sus objetivos en la restauración e inserción social, con medidas alternativas a la cárcel cuando es posible y cuando no, con un trato digno que permita diferenciarla de la vida que los condujo a ese espacio.

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