Electromovilidad: Chile avanza, la ciudad se queda atrás…
Durante mucho tiempo, la electromovilidad fue presentada como una aspiración distante, asociada principalmente a países desarrollados, grandes empresas o consumidores con un alto poder adquisitivo. Sin embargo, esa realidad está cambiando aceleradamente. Hoy la movilidad eléctrica ya circula por nuestras calles en forma de buses, automóviles, bicicletas y scooters, y comienza a modificar la manera en que las personas se relacionan con la ciudad.
Chile ha conseguido avances importantes. Santiago pasó de contar con 922 buses eléctricos en 2022 a cerca de 4.400 en 2026. Actualmente, alrededor del 68% de la flota de RED Movilidad es eléctrica, convirtiendo a nuestra capital en la ciudad con mayor cantidad de buses eléctricos fuera de China.
Esta transformación produce beneficios que se perciben diariamente. Los buses eléctricos no generan emisiones por el tubo de escape y contribuyen a disminuir tanto la contaminación atmosférica local como el ruido urbano. También ofrecen viajes más silenciosos, cómodos y eficientes para millones de pasajeros.
Mediciones del Ministerio del Medio Ambiente realizadas en sectores de Alameda y San Miguel registraron, entre distintos años de comparación, reducciones energéticas del ruido de 44% y 45%, respectivamente. Estas disminuciones coincidieron con una mayor presencia de buses eléctricos y vehículos de estándar Euro VI, por lo que no pueden atribuirse exclusivamente a la electromovilidad, pero sí reflejan los efectos positivos que genera la modernización de la flota.
No se trata solamente de reducir gases de efecto invernadero. También hablamos de disminuir contaminantes locales y la contaminación acústica que afectan directamente la calidad de vida de quienes viven, trabajan o estudian cerca de los principales ejes de transporte.
Junto con el transporte público masivo, también ha crecido la micromovilidad. En distintas comunas del país, las bicicletas y scooters eléctricos se han transformado en una alternativa para realizar viajes cortos y medianos. Como muestra de este crecimiento, uno de los principales operadores del sector, Whoosh, informó que sus servicios registraron más de 12 millones de viajes y 22 millones de kilómetros recorridos en Chile durante el primer semestre de 2026.
Detrás de esas cifras existe un cambio urbano relevante. Muchas personas utilizan estos medios para llegar a una estación de Metro, acercarse a un paradero, ir a estudiar, hacer un trámite o trasladarse dentro de su comuna. Son especialmente útiles para resolver el problema de la llamada "última milla": ese tramo que resulta demasiado largo para caminar, pero demasiado corto para justificar el uso de un automóvil.
Aquí los municipios tienen una responsabilidad fundamental. Algunas comunas han facilitado la llegada de sistemas compartidos, desarrollado ciclovías y establecido zonas de estacionamiento. Otras siguen en deuda y observan la micromovilidad como una tendencia pasajera o un problema que simplemente debe ser prohibido.
La ausencia de infraestructura no impide que las personas utilicen bicicletas o scooters; solo hace que lo hagan en condiciones menos seguras. Cuando no existen ciclovías conectadas, estacionamientos definidos ni reglas claras, los usuarios terminan disputándose espacios con automóviles y peatones. El resultado es una convivencia desordenada que alimenta conflictos y accidentes.
Pero la electromovilidad también está creciendo por una razón mucho más cotidiana: el costo de vida. Cada vez más familias deciden realizar una inversión inicial mayor y adquirir un vehículo eléctrico porque comprenden que sus gastos diarios pueden reducirse. Cuando la carga se realiza principalmente en el hogar, el costo por kilómetro suele ser considerablemente inferior al de un vehículo a combustión. El ahorro final dependerá de la tarifa eléctrica, el tipo de cargador, el modelo y los patrones de uso de cada familia.
A eso se suman costos de mantenimiento generalmente menores, porque un motor eléctrico tiene menos piezas móviles, no requiere cambios de aceite y presenta un desgaste mecánico más reducido. Esto no significa que su mantención sea gratuita: neumáticos, seguros, reparaciones y un eventual reemplazo de batería también deben considerarse al evaluar la inversión.
Para una familia que debe trasladarse diariamente por trabajo, llevar a sus hijos al colegio o recorrer grandes distancias dentro de la ciudad, la diferencia puede transformarse en un ahorro mensual significativo. La decisión de cambiarse a la electromovilidad no siempre responde a una motivación ambiental. Muchas veces es una estrategia responsable para ordenar el presupuesto familiar.
Y aquello no debiera incomodarnos. Las grandes transformaciones ocurren cuando los beneficios colectivos coinciden con los incentivos individuales. Si una persona disminuye sus emisiones locales y, al mismo tiempo, reduce sus gastos de transporte, estamos frente a una transición que beneficia al medioambiente sin pedirles a las familias que sacrifiquen su economía.
Sin embargo, el crecimiento de la demanda está comenzando a superar la capacidad de nuestras ciudades. El número de vehículos eléctricos aumenta, pero la infraestructura de carga todavía avanza de forma insuficiente y desigual.
Ya hacen falta más cargadores en espacios públicos, especialmente fuera de los sectores de mayores ingresos y en ciudades distintas de Santiago. Se necesitan puntos de carga en estacionamientos municipales, supermercados, centros comerciales, edificios públicos, carreteras y barrios residenciales. También debemos facilitar la instalación de cargadores en edificios y condominios, donde las decisiones colectivas, la capacidad eléctrica disponible y los costos de habilitación pueden convertirse en barreras difíciles de superar.
El desafío no consiste solamente en instalar más equipos. La red debe ofrecer información transparente, sistemas de pago sencillos, estándares compatibles y cargadores que funcionen efectivamente. Una persona no debiera necesitar varias aplicaciones o registrarse en distintas plataformas para poder viajar por el país.
También existe un desafío energético. La expansión de la electromovilidad requiere redes de distribución preparadas para enfrentar una demanda creciente, sistemas de carga inteligente y horarios que permitan aprovechar mejor la disponibilidad eléctrica.
El objetivo tampoco puede ser reemplazar todos los automóviles a combustión por vehículos eléctricos y mantener exactamente el mismo modelo de congestión urbana. Un automóvil eléctrico contamina menos durante su circulación, pero ocupa el mismo espacio vial y puede quedar atrapado en el mismo taco. Necesitamos combinar transporte público limpio, micromovilidad, caminabilidad y vehículos particulares de cero emisiones.
A ello se suma una transformación cultural. Los conductores deben aprender a convivir con bicicletas y scooters; sus usuarios deben respetar las normas de tránsito y la prioridad de los peatones; y las empresas operadoras deben evitar que sus equipos terminen bloqueando veredas, accesos universales o espacios públicos.
La electromovilidad debe avanzar acompañada de educación vial, fiscalización y responsabilidad. Un scooter eléctrico no es un juguete cuando circula por la ciudad. Requiere conducción prudente, respeto por la velocidad permitida y condiciones básicas de seguridad. Del mismo modo, una ciclovía no puede ser considerada una obra aislada: debe formar parte de una red continua que conecte viviendas, estaciones, establecimientos educacionales y centros de servicios.
Chile ya demostró que puede liderar la incorporación de buses eléctricos. El próximo paso es democratizar los beneficios de esa transición y conseguir que la electromovilidad no dependa del ingreso de una familia ni de la comuna en la que vive.
Para ello necesitamos inversión pública y privada, incentivos bien diseñados, infraestructura urbana, coordinación municipal y una estrategia nacional que entienda que la movilidad eléctrica no es solo una política ambiental. También es una política de transporte, planificación urbana, innovación, salud pública y alivio al bolsillo de las familias.
La transición ya comenzó, pero nuestras ciudades todavía no están completamente preparadas para recibirla. El desafío ahora es construir la infraestructura, las reglas y la cultura urbana necesarias para que todos podamos movernos de manera más limpia, económica, segura y eficiente.