Han sido innumerables las veces que hemos debatido sobre el transporte público del Gran Valparaíso y su calamitoso estado, que cada día empeora. Sin modificaciones en más de una década, el estrés de los medios de transporte de nuestro sector metropolitano resuena en quienes lo usamos para movernos en el puerto querido y sus alrededores.
No deja de llamar la atención que, después de 36 meses -que fue el plazo dado-, los microbuseros sigan sin instalar los dispositivos de cobro en sus máquinas. Motivos no han de faltarles y supongo que el más argumentado dice relación con que los cobradores automáticos son "caros".
Más allá de las razones que se puedan esgrimir ante semejante barbaridad de incumplimiento, lo que es verdaderamente doloroso es tener una autoridad que parece estar de manos atadas, en un rol casi de foto. Así se desprende si leemos la declaración del actual seremi: "Nuestra labor como autoridad de Transportes es dar cuenta de forma oficial si esto se cumplió o no". ¿No es acaso rol de la autoridad destrabar este tipo de conflictos? Parece ser que sí, pero en este caso no.
Además, la posición de los microbuseros parece cómoda: solicitan dineros estatales para implementar los cobradores. Curiosa forma de apegarse a la normativa, ya que han optado por no cumplir con lo indicado si no se les entrega recursos adicionales para ello.
Pensemos en esta nueva subvención que solicitan. Si el Estado invierte en las máquinas validadoras ¿qué beneficios tendremos los usuarios del transporte público aparte de pagar de manera automática? no está para nada claro. Entonces, la subvención solicitada parece más un caprichoso negociado a costa del dinero que pagamos los contribuyentes al Estado. Vale la pena recordar que toda subvención del Estado debe generar bienestar social. En ese sentido, si bien los validadores son bienvenidos, más aún es invertir, por ejemplo, en seguridad vial. Entonces, estos equipos son una condición necesaria, pero no suficiente para mejorar el transporte metropolitano.
Para agregar más condimentos a la sopa. Si los equipos de validación se hubieran comprado en enero de 2020 (o sea, un año después de iniciado el plazo para que se instalaran), el costo por unidad habría sido de aproximadamente 183.500 pesos. En la actualidad, el mismo equipo validador está a un precio de 237.500 pesos. O sea, además de no cumplir con los plazos, los equipos cuestan hoy 23% más, y cada día que pasa aumentan su precio.
Mientras tanto, en nuestra capital nacional, este año se han agregado dos nuevas formas de cobro digital a su transporte público, por medio de código QR y otras plataformas. No obstante, en pleno año 2022, aquí seguimos pagando en monedas contra un boleto de papel. Esta forma no es la norma en ninguna zona metropolitana que aspire a su desarrollo y sólo da cuenta de que 120 kilómetros de distancia son suficientes para separar a una ciudad del primer mundo con otra que cada día queda más relegada a su propio declive.
En resumidas cuentas, y tal como el cuento de "Pedrito y el lobo", los usuarios del transporte público del Gran Valparaíso seguimos mirando a una autoridad que parece incompetente luchando con intereses cruzados por parte de los microbuseros para no mejorar nada. Estaría bueno que nos dejáramos de sandeces y solucionemos el problema de fondo: La movilidad de los habitantes de nuestra región. Lo que implica repensar, reorganizar, reinvertir en una serie de elementos que nuestro sistema de transporte público demanda.
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