Uno de los aspectos que siempre me ha llamado la atención es la alta centralización que tiene nuestro país, donde el transporte público no es la excepción. Existe una precariedad en el transporte de regiones, donde hoy funcionan los mismos modos que había hace 40 años. En la mayor parte de las ciudades del país tampoco existen proyectos íconos, como es el caso del Metro en Santiago y Valparaíso o el Biotren en Concepción.
Sólo a modo de referencia, un Informe de la CBC (Corporación de Bienes de Capital) establece que, para el quinquenio 2018-2022, en Obras Públicas de financiamiento Estatal, la Región Metropolitana concentra el 36,2% de la inversión (US$3.409 millones), y de ese monto, US$2.260 millones corresponden a las extensiones del Metro de Santiago. Esto fundamentalmente está asociado a los proyectos de extensión de Líneas 2, 3 y nueva Línea 7.
Asimismo, el último Plan Nacional de Infraestructura para el transporte público presentado el año 2014, consideraba proyectos de infraestructura mayor en Iquique, Antofagasta, Valparaíso, Concepción, Temuco y Puerto Montt.
El único proyecto que registra algún grado de avance relevante es el proyecto del Teleférico Iquique – Alto Hospicio, adjudicado vía sistema de concesiones, con una inversión estimada de USD $45 millones. Por el contrario, en el mismo período, las extensiones de L2 – L3 comenzaron su construcción, y la L7 ya comenzó su etapa de ingeniería.
A la luz de los antecedentes, la situación es tremendamente injusta. ¿Por qué no podemos tener sistemas de transporte público de mejor estándar en regiones?
Tal como sucedía en Santiago hace 15 años atrás, existen gremios de transporte muy fuertes en regiones, lo que dificulta la incorporación de modos de transporte más modernos y, además, la integración de éstos.
Históricamente, los gobiernos no han tenido la fortaleza para impulsar proyectos de estas características. Si bien se han evaluado proyectos, finalmente se han implementado muy pocos.
Otra dificultad para impulsar grandes proyectos de transporte público en regiones (buses eléctricos en corredores, trenes ligeros, integración tarifaria, etc.), es la forma de evaluar socialmente los proyectos que existe en el país, la cual se basa exclusivamente en consumos de tiempo y costos de operación (combustible, lubricantes, etc.).
En la medida que existan grandes conurbaciones, este tipo de proyectos tiene mayor probabilidad de ser aprobado. Sin embargo, deja de lado otros atributos que son igualmente importantes, como la comodidad y la accidentabilidad, entre otros.
Por lo tanto, para lograr equidad a nivel nacional, es fundamental que los gobiernos impulsen proyectos de estas características en regiones, considerando además que existe voluntad política.
Tengo la expectativa que la Ministra Hutt, que ha tenido un gran desempeño, comience a cambiar esta injusta situación.
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