La evaluación social es el proceso de identificación, medición y valoración de los beneficios y costos de un proyecto, desde el punto de vista del bienestar de las personas y comunidades que son impactadas por éste.
Por ejemplo, si se evalúa un proyecto de transporte público, como un Metro, se debieran considerar todos los beneficios (ahorros de tiempo, comodidad, etc.) y todos los costos (sociales) de éste. En nuestro país, la rentabilidad social mínima exigida a los proyectos es de 6% (i.e. para materializar un proyecto se debiera superar como mínimo ese umbral).
Considerando que los recursos del Estado son acotados, la evaluación social ha sido una muy buena herramienta para poder jerarquizar los proyectos, focalizando los recursos principalmente en los que maximizan el bienestar social.
Sin embargo, al evaluar proyectos de transporte público, la metodología de análisis tiene debilidades evidentes.
En efecto, la mayor parte se evalúan exclusivamente en base a la variación en el consumo de tiempo y costos de operación (combustible, lubricantes, etc), lo que sin duda ha favorecido a las grandes conurbaciones, como el Gran Santiago.
En particular, la metodología deja de lado o considera poco relevantes otros aspectos que son importantes para las personas, como la regularidad, la polución, la comodidad y la accidentabilidad, entre otros.
Esto ha afectado fuertemente a los proyectos de transporte público en regiones, donde se observa un sistema muy precario en casi todas las ciudades.
Al revisar la literatura internacional, un estudio interesante (Oort, 2016) desarrollado en la ciudad de Utrecht, Holanda (300 mil habitantes), concluyó que la confiabilidad de los servicios de transporte público representa casi el 65% de los beneficios totales del proyecto. Del total de beneficios, aproximadamente un tercio no se miden actualmente en nuestro país, como variabilidad en el tiempo de viaje, polución, etc.
Otro estudio (Stokes y MacDonald, 2006) muestra que los servicios LRT (Light Rail Transit, similares a los tranvías) mejoran el desarrollo de actividades alrededor de las estaciones, reducen la polución y generan beneficios en la salud de las personas, derivados del incremento de la actividad física para residentes que viven en los alrededores, como consecuencia de la mayor densificación. Ninguno de estos beneficios es incorporado en el sistema actual.
Como reflexión se puede señalar que el sistema de evaluación social actual ha sido una buena herramienta para la priorización de proyectos, pero el desafío actual es modificarlo e incorporar todos los beneficios que se generan, con el propósito de hacer más justo el análisis.
Esto abrirá la puerta para el desarrollo de proyectos de transporte público de calidad en regiones.
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