Cités, conventillos e inmobiliarias populares

Hemos visto en los últimos meses con asombro cómo en los medios se ha informado de fiscalizaciones en varios “cités” de la capital donde residen entre 50 o 100 personas en condiciones de hacinamiento y donde ha habido brotes de COVID-19, incluso encontrando personas fallecidas en su interior.

Lo primero que hay que señalar es que muchas veces no hay claridad respecto a lo que es un cité, estos fueron diseñados y construidos para venderlos o arrendarlos como viviendas colectivas para obreros al principio del siglo XX y fueron la respuesta a los conventillos, estos últimos básicamente eran viviendas colectivas que se adaptaban para tal fin y que presentaban altos niveles de insalubridad.

En Santiago existen aproximadamente 811 cités en la Región Metropolitana, a los que se ha buscado mejorar con programas habitacionales como el que introdujo la ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball, en el año 2015, que establecían un estándar mínimo de salubridad, seguridad y estabilidad. Dado su éxito el MINVU lo sigue aplicando hasta el día de hoy.

Pero lo que hemos visto en los medios en los últimos meses son básicamente conventillos, o viviendas adaptadas por los propietarios para lograr sacar el máximo provecho económico a estas propiedades, llegando al extremo de arrendar recintos de 2x2 metros, cobrando $150.000 pesos mensuales, en condiciones de hacinamiento e incluso insalubridad.

¿Por qué permitimos esto si sabemos que, además de ser inhumano, pueden ser focos de contagios?

En primer lugar, el propietario que subarrienda estos inmuebles no sufre consecuencia alguna ni tampoco se preocupa de hacer mantenciones mínimas para que no colapsen los servicios higiénicos colectivos de estos lugares ya que la Ley de Arrendamiento no pone límites a estos, por considerarlo un acuerdo entre privados.

Los municipios tampoco tienen muchas herramientas para fiscalizar o sancionar y los desalojos tienen un tremendo costo social para los residentes, y llega a ser muy difícil probar la actividad comercial que significa el subarriendo.

Si bien una solución al problema del subarriendo irregular sería declararlo como actividad comercial clandestina, para que el propietario se haga cargo de la mantención y de las construcciones irregulares que presenta, con eso solo se estaría combatiendo un síntoma, ya que el problema base sigue siendo el acceso a la vivienda.

El abanico de soluciones que tiene el Estado ha sido la asignación de subsidios para la construcción de viviendas y la entrega de subsidios para arriendar viviendas según el stock que tiene el mercado, pero gracias a las soluciones que se estaban implementando para la recuperación de cités en Santiago, en particular durante un programa piloto realizado durante la gestión de la ex alcaldesa Carolina Tohá, se agregó una tercera alternativa que hace poco vio la luz y se debiera, desde mi punto de vista, replicar y masificar.

En la Ley de Presupuesto del año 2017, el gobierno de la presidenta Bachelet incorporó una glosa presupuestaria para abordar el tema de los cités, que permitió que instituciones sin fines de lucro pudieran recibir subsidios habitacionales para mejorar y también construir viviendas y posteriormente arrendarlas a familias, permitiendo por primera vez que los Municipios pudieran participar como receptores de estos subsidios.

Esto posibilitó que el municipio de Recoleta, liderado por su alcalde Daniel Jadue, viera una oportunidad para innovar y poder implementar en nuestro país la construcción de vivienda pública para arriendo a precio protegido, como existe en otros países, donde se entiende que el derecho a la vivienda no es solo ser el propietario de una vivienda, sino que poder acceder a la vivienda digna a través del arriendo.

Lo destacable de la gestión de Jadue es que no se quedó solo con el anuncio de la inmobiliaria popular, sino que logró ponerlo en práctica con la entrega de los primeros departamentos durante el mes de junio recién pasado, hecho no menor y para nada fácil de implementar.

Esto demuestra que es posible tener en nuestro país vivienda pública digna para arriendo, ampliando así el abanico de soluciones que da el Estado para combatir el déficit habitacional, habría que masificar la fórmula para que otros municipios puedan aplicarlo y, por qué no, que SERVIU construya vivienda para arriendo, en que familias puedan estar mientras postulan a una vivienda definitiva o como alternativa habitacional para personas que necesitan radicarse en distintas regiones por temas laborales.

A través de la implementación de alternativas de arriendo de viviendas públicas, se puede combatir el subarriendo irregular y abusivo que vemos en los conventillos actualmente y de esta manera aportar a la construcción de ciudades que enfrenten exitosamente nuevas pandemias que nos pueden azotar en un futuro, velando por la salubridad, seguridad y estabilidad de las soluciones habitacionales para todas las personas.

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