Hacia una nueva era de la copropiedad en Chile: desafíos y consolidación
La forma de habitar en Chile ha experimentado una transformación sin precedentes. Al cierre de 2025, las cifras son elocuentes: el 30,6% de las viviendas urbanas del país se rigen bajo el régimen de copropiedad inmobiliaria, lo que representa más de 1,5 millones de unidades habitacionales. Esta realidad no solo es un dato estadístico, sino un desafío sociológico y urbano que nos obligó, como Estado, a transitar desde una institucionalidad dispersa y poco clara, hacia una institucionalidad con mayor solidez y claridades, para instruir y coordinar a través de la Secretaría Ejecutiva de Condominios (SE-Condominios) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
A casi cuatro años de la promulgación de la Ley 21.442, el balance es de una instalación exitosa pero con retos profundos hacia adelante. Hemos logrado hitos fundamentales para otorgar certeza jurídica, destacando la publicación del Reglamento de la Ley en enero de 2025 y el Reglamento del Registro Nacional de Administradores. No obstante, el corazón de nuestra gestión no reside solo en la norma, sino en la transparencia y profesionalización del sector, con más de 8.174 administradores inscritos en el Registro Nacional (RNA) a diciembre de 2025, contando con una novedosa herramienta, ejecutada durante este periodo que profesionaliza la función y el rol de las y los administradores condominios, entregando mayor certeza a quienes administran. Así también para quienes contratan el servicio, este registro es un aporte para que las comunidades cuenten con elementos claros de la administración de condominios, y a su vez, tengan real control y posibilidad de reclamación, cuando la administración no se ejerce de forma adecuada, asuntos anteriormente inexistentes.
Desde una mirada de futuro y al ver la copropiedad como un ciclo de vida que comienza previo al momento de habitar, los desafíos que delinean la hoja de ruta son claros y urgentes:
En primer lugar, la consolidación territorial. No basta con una gestión centralizada; es imperativo fortalecer los equipos técnicos en todas las regiones para abordar las particularidades de la vida en comunidad en cada rincón del país. La copropiedad representa hoy casi el 50% de las consultas totales ingresadas al Minvu, lo que nos exige una capacidad de respuesta ágil y localmente pertinente.
En segundo lugar, la integración tecnológica. El avance en el Registro de Condominios en Chile (RCH) es vital. Solo a través de la digitalización completa y la coordinación con las municipalidades podremos identificar con exactitud el parque habitacional y orientar políticas públicas que no sean genéricas, sino focalizadas en las necesidades reales de las diversas copropiedades.
Finalmente, y quizás lo más crítico, es la política de mantenimiento y seguridad. Debemos enfrentar la obsolescencia de los edificios y los desafíos de seguridad, especialmente en condominios sociales de alta vulnerabilidad. La participación de esta Secretaría en la Política Nacional de Seguridad Pública es un paso, sin embargo, el éxito radicará en generar programas específicos que garanticen que la vida en copropiedad sea sinónimo de calidad de vida y no de riesgo.
La Ley 21.442 nos entregó el marco. El trabajo de estos años ha construido la estructura. Ahora, el desafío es habitar esta nueva institucionalidad con responsabilidad, eficiencia y agilidad que los tiempos y la ciudadanía exige, asegurando que cada uno de los millones de chilenos que viven en copropiedad sienta el respaldo de un Estado presente, técnico y humano.
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