Nueva ley de Copropiedad Inmobiliaria, el desafío de vivir en comunidad

Actualmente, nuestro país enfrenta uno de los desafíos más importantes de las últimas décadas en materia de vivienda, vinculado -específicamente- al déficit existente y a la escasez de suelo bien ubicado para su construcción. Y es un reto trascendental y urgente, porque implica, precisamente, no repetir las fórmulas pasadas en que, para enfrentar el crecimiento demográfico se envió a las familias a vivir a la periferia, particularmente a sectores vulnerados, donde no existía ni infraestructura ni servicios necesarios para albergar a las nuevas y crecientes poblaciones.

Por otra parte, es innegable que el proceso de crecimiento residencial en edificaciones cerradas que se ha producido en las últimas décadas ha traído consigo un nuevo desafío: tener que compartir los espacios en los condominios. Es decir, la vida en copropiedad, que es un componente central de la vida moderna y requiere de toda nuestra atención, ya que sin duda ésta será la forma en que se siga construyendo en nuestro país.

La vida en común implica un reto para las relaciones humanas y para las formas de habitar, al cual es necesario responder con herramientas que soporten y promuevan la constitución de una sociedad abierta al diálogo y la generación de espacios más seguros y adecuados para que la gente habite.

En efecto, la copropiedad es un fenómeno de desarrollo urbano en expansión y lo seguirá siendo, debido a las características que ofrece al asegurar soluciones para un mayor grupo de personas a lo largo de nuestro país, de hecho, se podría decir que el futuro de las ciudades es en copropiedad.

De hecho, según cifras del catastro de 2017, el parque residencial está constituido por 1.626 conjuntos de vivienda en copropiedad, es decir 350.880 unidades de vivienda, siendo las regiones de Valparaíso, Biobío y Metropolitana las que concentran el 82,2% de viviendas con condominios. Una cifra en actualización.

Revisemos algunas cifras que grafican su crecimiento:

Departamentos de vivienda

  • Censo 1992: 285.487, equivalente al 8,5% del parque residencial
  • Censo 2002: 552.678, equivalente a 12,6% del parque residencial
  • Censo 2017: 1.138.062, equivalente a 17,5% del parque residencial

Este fuerte aumento del régimen de copropiedad como forma de solución habitacional es una realidad que debe ser recogida y tratada por el Estado a través de sus políticas públicas, con un énfasis preponderante en propiciar el dialogo y reflexiones acerca de la vida en comunidad ye el habitar digno.

Como Ministerio de Vivienda y Urbanismo hemos asumido esta tarea con la mayor responsabilidad y profundidad, ya que somos los encargados de ejecutar programas de construcción de vivienda social que, en un gran porcentaje se traducen en condominios sociales.

Hoy, desde este nuevo órgano ministerial que dirijo, la Secretaría Ejecutiva de Condominios, que fue creada por disposición de la nueva ley de Copropiedad Inmobiliaria (ley 21.442), estamos colaborando fuertemente para responder al mandato ministerial de construir nuevas viviendas y ser un actor principal en los procesos de reparación de la infraestructura de los condominios existentes, a través de sus programas.

Al mismo tiempo, tenemos el desafío de generar iniciativas que aporten y fomenten la recomposición del tejido social y la vida comunitaria, que han sufrido un gran deterioro y se han visto impactadas por los fenómenos sociales que se han suscitado en nuestro país.

Tenemos la certeza que para el Presidente Gabriel Boric y nuestro ministro Carlos Montes la recomposición del tejido social es una tarea de suma importancia, por ello estamos trabajando en la revinculación con las comunidades donde queremos potenciar los principios del buen vivir, la vida en común, para recuperar lo colectivo, "el nosotros", reconociendo, a la vez, las capacidades instaladas en estas comunidades y la corresponsabilidad como eje rector de nuestras acciones.

Restablecer la relación entre las instituciones y las comunidades es una tarea que debe estar presente constantemente en nuestro trabajo y reflexión, considerando y entendiendo las complejidades que tiene la vida en copropiedad para quienes han debido emprender esta nueva forma de habitar.

Sabemos que nuestro ministerio tiene aún mucho por hacer y avanzar, por este motivo el compromiso funcionario es de absoluta relevancia, pues colabora en la labor de alcanzar las metas, que van más allá de las encuestas de satisfacción. Tenemos la misión de generar encuentro, colaboración y reciprocidad con las organizaciones, comunidades y dirigencias, que son el soporte del tejido social y permitirán avanzar hacia un habitar más digno.

Las instituciones del Estado debemos trabajar para recobrar la confianza de las personas y colaborar para mejorar su calidad de vida; para eso, desde nuestra secretaría, estamos generando una línea de fortalecimiento para la organización barrial, propiciando espacios de dialogo que aporten a las buenas relaciones y resolución de conflictos, problemáticas propias que se dan al vivir en copropiedad, además de contribuir a la difusión y el conocimiento de la nueva Ley de Copropiedad Inmobiliaria en las comunidades.

Como Secretaría Ejecutiva de Condominios creemos que tenemos una gran oportunidad de dar pasos sustantivos en torno a materias como la administración de condominios y, a su vez, en aportar desde el Estado con mayor profundidad en la regeneración de la organización barrial y comunitaria, para transitar de la reparación de la ciudad construida, a la mantención de su hábitat. No es una tarea sencilla, entendemos las complejidades de los procesos burocráticos que la institucionalidad impone, por lo que nuestro horizonte es ir más allá de lo que tenemos que hacer, es hacer lo que debemos hacer para las transformaciones que la ciudadanía espera.

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