Sin lugar a duda vivimos en tiempos inciertos, de un día para otro se inician guerras en Medio Oriente que disparan el precio de petróleo y, por el "efecto mariposa", nos afecta a todos en Chile, lo que hacer difícil tener certezas para tomar decisiones.
Esto se ve reforzado además por las señales contradictorias que hemos recibido este último mes en nuestro país, en que por ejemplo se indica que no hay recursos para gastos sociales, por lo que es necesario recortarlos, pero por otro lado se anuncian medidas que efectivamente van a rebajar la recaudación fiscal, como la eliminación del IVA de la vivienda.
Lo mismo está ocurriendo con la gestión habitacional, por un lado, se indica que se va a priorizar la construcción de casas en lugar de edificios, pero por otro lado se proponen modificaciones en la normativa que permitirían que en un terreno en que se podían construir 25 casas, se puedan construir 100 viviendas, lo que nos lleva de vuelta a la opción por los edificios.
Este último cambio, que reemplaza los 4 habitantes por vivienda a que pueda ser 1 habitante para la vivienda económica, de aprobarse llevará a que los precios de los terrenos se disparen, ya que donde podía vender 25 unidades, ahora puedo vender 100 en un mismo sitio. Si a eso sumamos el aumento de la UF que va a encarecer el costo de la construcción, vemos como se empieza a configurar un escenario incierto.
El Gobierno tiene una meta ambiciosa para la entrega de viviendas sociales, 400.000 en cuatro años. En términos de gestión, cuenta con un punto de partida más favorable que la administración anterior, al recibir cerca de 180.000 viviendas en desarrollo, frente a las 118.000 que recibió el ministro Montes en un periodo crítico, marcado por la postpandemia y obras paralizadas por la crisis logística derivada de la guerra en Ucrania.
Para generar certezas, sería una buena práctica transparentar la hoja de ruta para alcanzar dicha cifra, tal como se hizo en junio de 2022 con el Plan de Emergencia Habitacional. Hoy no hay claridad sobre cómo se logrará el objetivo, especialmente cuando Hacienda ha instruido una rebaja presupuestaria del 3% a todos los ministerios, incluyendo al Minvu.
¿Se crearán nuevas formas para financiar la construcción de viviendas como lo hiciera la ministra Paulina Saball con la creación del programa de Integración Social? ¿O se apostará por mejorar la productividad en la construcción como lo hiciera el ministro Montes con la agenda de industrialización de la vivienda social? Eso aún no lo sabemos, pero esperamos que este nuevo gobierno nos de certezas en estos tiempos inciertos.