Chile y sus paradojas en la inteligencia artificial
Chile volvió a ocupar el primer lugar del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA 2026). Por cuarto año consecutivo, nuestro país encabeza una clasificación que examina las capacidades tecnológicas, científicas, productivas e institucionales de América Latina y el Caribe. La noticia merece atención y reconocimiento. Pero detrás de ese liderazgo aparecen ciertas interrogantes. ¿Estamos construyendo una economía capaz de producir valor con inteligencia artificial? ¿Estamos pensando los algoritmos desde nuestra nación? ¿Estamos fomentando la apropiación tecnológica a todo nivel? ¿O simplemente nos estamos convirtiendo en consumidores cada vez más sofisticados de tecnologías desarrolladas por otros?
La cuarta edición del índice, elaborada por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (Cenia) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), evaluó 20 países mediante 126 subindicadores. Chile alcanzó 71,4 puntos sobre 100, seguido de Brasil con 68,4 y Uruguay con 67, los tres en el grupo de países pioneros. Nuestro liderazgo se explica por el primer lugar regional en dos de las tres grandes dimensiones del índice. En factores habilitantes obtenemos 63,5 puntos, y en investigación, desarrollo y adopción, 73,7. Destacan la conectividad e inversión en infraestructura digital, con 86,9 puntos, y el ecosistema de datos, con 77,6. La producción científica alcanza 41,9 publicaciones sobre IA por millón de habitantes, la más alta de América Latina. En investigación logramos 78,6 puntos y en gobernanza 80,8, el segundo lugar regional detrás de Brasil.
Estos resultados reflejan fortalezas acumuladas en infraestructura digital, redes, conocimiento y capacidades institucionales. Pero también revelan que el liderazgo chileno descansa principalmente en las condiciones que hacen posible desarrollar inteligencia artificial, y no necesariamente en capacidad de cómputo, adopción empresarial o autonomía tecnológica. Chile lidera en condiciones habilitantes y producción de conocimiento, pero todavía no logra transformar esas fortalezas en capacidad tecnológica y productiva propia. Esa distancia se expresa en cuatro paradojas.
La primera paradoja es tecnológica. Chile encabeza el desarrollo regional de la inteligencia artificial, pero concentra apenas el 2,1% de las unidades de procesamiento gráfico (GPU) contabilizadas en los clústeres analizados. Brasil reúne el 87,7% de esas unidades y el 92% de la capacidad de procesamiento regional. Las GPU son la infraestructura fundamental para entrenar y ejecutar modelos avanzados. Podemos tener investigadores, políticas públicas, conectividad y una comunidad científica destacada, pero carecer de capacidad propia para procesar los datos y desarrollar los sistemas que definirán buena parte de la economía futura. El problema crece cuando dejamos de compararnos solo con nuestros vecinos. Por primera vez, el ILIA incorporó una referencia internacional con Alemania, España, Estonia, Portugal y Singapur. Estos países disponen, en promedio, de cerca de 29 veces más GPU por millón de habitantes que América Latina y el Caribe. Nuestro liderazgo regional no equivale necesariamente a competitividad tecnológica global.
La segunda paradoja es productiva. La inteligencia artificial domina las conversaciones empresariales, las conferencias tecnológicas y las estrategias de transformación digital, pero su incorporación efectiva en la economía sigue siendo limitada. En Chile, la adopción empresarial se estima en apenas un 13,5%. En América Latina y el Caribe, el 27,6% de las grandes empresas utiliza IA, cifra que cae al 12,8% entre las medianas y al 6,8% entre las pequeñas. Cuanto menor es la empresa, más difícil le resulta acceder a las capacidades que podrían transformar su productividad.
Esto debería preocuparnos especialmente, porque las pymes son una parte fundamental del tejido productivo latinoamericano. Si la IA termina concentrándose en grandes compañías, plataformas tecnológicas y organizaciones con más recursos, corremos el riesgo de inaugurar una nueva desigualdad económica. Esa desigualdad separará a quienes pueden automatizar, predecir, innovar y generar conocimiento de quienes solo podrán adquirir esos servicios.
La tercera paradoja es institucional. El 85% de los países analizados cuenta con una estrategia nacional de inteligencia artificial vigente o en elaboración, y el 75% dispone de alguna institución responsable de conducirla. Sin embargo, únicamente Brasil y Colombia explicitan presupuestos para implementarlas. Chile, pese a liderar el índice, no cuenta con un presupuesto definido para ejecutar su política nacional. La misma distancia entre declaraciones y capacidades materiales se observa en investigación y desarrollo. Chile destina cerca del 0,39% de su PIB a I+D, frente al 1,19% de Brasil, y aun así registra la mayor producción científica en IA de la región. Tenemos talento, investigación y conocimiento. Lo que todavía no logramos es convertir esas fortalezas en inversión, capacidades permanentes, resultados verificables y una política de desarrollo tecnológico de escala suficiente.
La cuarta paradoja es material. Somos grandes productores del cobre y el litio que sostienen la economía digital, y tenemos condiciones excepcionales para la energía solar y eólica. A eso se suman ventajas relevantes en telecomunicaciones y conectividad internacional, que han convertido a Chile en un destino atractivo para la instalación de centros de datos. Aun así, corremos el riesgo de repetir una historia conocida, la de exportar los materiales de una revolución tecnológica e importar el conocimiento que se produce con ellos. Durante décadas, América Latina entendió la transformación digital principalmente como un desafío de conectividad, centrado en desplegar redes, ampliar cobertura y reducir brechas de acceso. Esa agenda sigue siendo indispensable, pero hoy resulta insuficiente.
La nueva infraestructura del desarrollo digital incorpora centros de datos, capacidad de cómputo, energía, almacenamiento, talento especializado y ecosistemas de datos. Aportar minerales, energía y territorio no garantiza disponer de capacidades propias ni capturar el valor que genera la inteligencia artificial. La soberanía tecnológica, sin embargo, no debe confundirse con autosuficiencia. Se trata de contar con capacidades para decidir, desarrollar soluciones, negociar en mejores condiciones y evitar dependencias que limiten nuestro futuro. En ese esfuerzo, la cooperación latinoamericana en infraestructura, investigación y talento puede ayudar a enfrentar la creciente concentración del poder tecnológico mundial.
Por eso Chile necesita dar un salto desde una Política Nacional de Inteligencia Artificial hacia una Estrategia Nacional de Capacidades, Infraestructura y Gobernanza Democrática de la Inteligencia Artificial. Esa estrategia debe reconocer que la IA no es una tecnología neutral que podamos orientar sin más hacia buenos o malos fines. La IA incorpora valores, intereses, relaciones de poder y formas determinadas de organizar la sociedad. Su desarrollo exige más que algoritmos, talento y regulación. Requiere infraestructura crítica, cómputo de alto rendimiento, centros de datos, conectividad avanzada, energía, almacenamiento, plataformas interoperables y ecosistemas de datos. Pero también demanda capacidades institucionales y democráticas para decidir quién diseña estas tecnologías, quién controla sus recursos, quién participa en sus beneficios y bajo qué principios se orienta su desarrollo. Esto supone una hoja de ruta de inversión pública y privada. Supone también garantizar acceso al cómputo para universidades, centros de investigación, startups y organismos del Estado, con capacidades distribuidas territorialmente.
No se trata solo de atraer inversiones para instalar más centros de datos. Se trata de construir una arquitectura nacional de capacidades digitales, productivas y democráticas que permita generar conocimiento, desarrollar soluciones propias, distribuir oportunidades y capturar una mayor proporción del valor económico y social de la IA. La soberanía tecnológica no consiste únicamente en disponer de infraestructura o controlar algoritmos. Consiste en tener la capacidad colectiva de decidir qué tecnologías desarrollamos, para quiénes y al servicio de qué proyecto de sociedad.
Esta estrategia debería impulsar una nueva gobernanza de la infraestructura digital y de la IA. Esa gobernanza debe articular al Estado, las universidades, la industria tecnológica, los operadores de telecomunicaciones, el sector energético, los gobiernos regionales, municipales y la sociedad civil. Chile podría avanzar hacia una red nacional de capacidades de cómputo e inteligencia artificial, con nodos regionales, infraestructura compartida y financiamiento para investigación aplicada. Esa red incluiría plataformas de acceso a datos bajo estándares de seguridad, privacidad e interoperabilidad. Pero esta gobernanza no puede limitarse a coordinar inversiones y administrar recursos. Debe incorporar mecanismos de participación democrática para deliberar sobre las decisiones que orientan la IA, los valores que reproducen sus algoritmos, las relaciones de poder que generan y la distribución de sus beneficios. Así se podría vincular el despliegue de infraestructura con desafíos concretos en minería, agricultura, salud, educación, gestión de emergencias, servicios públicos y desarrollo territorial.
Su éxito no debería medirse por la cantidad de centros de datos o los megavatios disponibles. Debería medirse por cuántas empresas incorporan IA, cuántos investigadores acceden a capacidad de procesamiento y cuántas soluciones se desarrollan en Chile. También por cuánto valor público, productivo y social generan, y por su capacidad de ampliar derechos, reducir desigualdades y fortalecer la autonomía de las personas frente al creciente poder de las plataformas tecnológicas. La soberanía tecnológica no se proclama en una estrategia ni se alcanza solo acumulando infraestructura. Se construye con inversión, capacidades propias, acceso efectivo al conocimiento y, sobre todo, con la capacidad democrática de decidir cómo se desarrolla la IA, quién se beneficia y qué sociedad queremos construir con ella.
Esta transformación también debe alcanzar al Estado. La próxima generación de servicios públicos no puede limitarse a digitalizar formularios o incorporar asistentes conversacionales. Debe avanzar hacia sistemas capaces de anticipar necesidades, coordinar instituciones, gestionar riesgos y resolver problemas cotidianos. El desafío de un Gobierno Agéntico consiste en pasar de un Estado que espera solicitudes a uno que, bajo reglas democráticas, supervisión humana y protección de datos, actúa oportunamente en beneficio de las personas. Esto exige algo más que eficiencia tecnológica. Requiere instituciones capaces de gobernar democráticamente los algoritmos, proteger derechos y garantizar que la IA contribuya a reducir desigualdades, fortalecer la autonomía ciudadana y ampliar las oportunidades de desarrollo.
La cuarta edición del ILIA nos enfrenta, finalmente, a una decisión estratégica que va más allá de la regulación. Buena parte del debate público ha reducido la respuesta a una consigna, la de gobernar la inteligencia artificial. Es necesaria, pero queda corta. Supone que la IA es un objeto ya formado que llega desde afuera, y que nuestra tarea consiste en ponerle límites o repartir mejor sus beneficios. Como sabemos, la tecnologías no son instrumentos neutrales que baste redirigir hacia mejores fines, porque en su diseño y en su uso también se forman valores, capacidades y relaciones de poder. Una sociedad que solo delibera sobre tecnologías terminadas llega siempre tarde, y un país que solo regula lo que otros diseñan termina administrando decisiones que no tomó.
Quienes promovemos una participación activa en el ecosistema digital creemos que la tarea es otra. Chile debe estar en el desarrollo, la experimentación y la producción de la inteligencia artificial, con universidades, empresas, cooperativas, trabajadores, territorios y un Estado capaz de crear valor y no solo de fiscalizarlo. El verdadero éxito no estará en cuántos centros de datos instalamos ni en qué lugar ocupamos en un ranking. Estará en cuántas soluciones creamos, cuántas empresas producen con IA, cuántos empleos de calidad generamos y cuántas personas pasan de ser usuarias a ser constructoras de esta tecnología. Gobernar la inteligencia artificial es indispensable, pero solo construyéndola podremos decidir su futuro. Chile ya consiguió reconocimiento regional. Ahora debe demostrar que tiene la capacidad, la voluntad y la visión para convertir ese liderazgo en desarrollo, soberanía y bienestar para toda la sociedad.