Paradoja de la nueva educación pública: los SLEP como sostenedores
El sistema escolar chileno está sometido de modo permanente a procesos de reformas y cambios que, según señalan sus diseñadores, buscan impulsar procesos educativos que respondan a las necesidades que el país reconoce prioritarios para su desarrollo. Reformas curriculares, políticas para la formación de docentes, políticas en el campo de la convivencia, reformas estructurales, entre tantas otras.
Sin embargo, al parecer, por lo limitado de estas reformas, las que no logran impactar (quizás porque no se lo han propuesto) en los fundamentos del sistema educativo, como son el rol subsidiario del Estado, acompañado de la sostenida privatización del mismo, con la consiguiente segregación e inequidad, la sociedad observa con sorpresa y con creciente frustración, que las promesas de tales transformaciones no logran materializarse.
Como si se estuviera, casi por vocación, en una trayectoria circular propia de un bucle que nos somete año tras año, Chile enfrenta prácticamente las mismas discusiones y debates, tanto políticos como académicos. Incluso las movilizaciones de docentes y estudiantes responden a demandas similares. La segregación por razones principalmente económicas, la desigualdad social y geográfica que favorece a los grupos urbanos de comunas acomodadas, el estancamiento en los aprendizajes del alumnado, la crisis en la convivencia escolar y los déficits en salud mental y emocional en estudiantes y profesores y profesoras, son ejemplos de aquello.
Y casi como una pesadilla recurrente o como una obsesión colectiva, se avecina para los próximos días, el desgastado debate respecto de los resultados del Simce (que se aplica desde la última semana de octubre y hasta la segunda del mes de noviembre) y luego los resultados de la prueba PAES. Y se escuchará, durante estas semanas, las voces de un coro habitual de expertos consultados por los medios, quienes compartirán con la audiencia, sesudos análisis respecto de las causas del nuevo fracaso.
No cabe duda que estos debates son tan positivos como necesarios. No cabe duda que la voz de los expertos es tan necesaria como urgente. No obstante, tampoco existen dudas, en cuanto a que en algún momento el sistema educativo, incluidas las agencias estatales que lo componen, como el Ministerio de Educación, la Agencia de Calidad y la Superintendencia de Educación, así como las comunidades escolares, las organizaciones, los gremios y las universidades deben abrirse a la posibilidad de debatir las causas fundamentales, las causas raíces que provocan estos resultados insatisfactorios.
Y es claro, no es sencillo definir, de manera consensuada, cuáles son esas causas primordiales que deben modificarse mediante procesos de transformación profunda. Para aportar a este necesario debate y construcción de mirada compartida, quisiera proponer un primer eje que, en mi opinión, esta discusión debiese incorporar.
Este primer eje dice relación con la necesidad de recuperar de manera efectiva el rol del Estado en la configuración de un sistema de educación pública, dejando atrás la función subsidiaria que la dictadura y la postdictadura impusieran. Las limitaciones que este enfoque definen para la acción del Estado, se han traducido en la configuración de un sistema escolar hegemonizado por la administración privada de un sistema de educación ampliamente financiado con fondos públicos, hegemonía que se ha traducido precisamente en la configuración de un sistema altamente segregado, excluyente y desigual.
Las limitantes a la labor estatal en la educación chilena son de tal envergadura, que incluso la Nueva Educación Pública se funda en una paradoja brutal, difícil de entender más allá de las fronteras del país. Los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), cuentan con el mismo rango que los sostenedores privados, es decir, su naturaleza jurídica es de sostenedores. Y esta condición jurídica se define en la normativa chilena del siguiente modo: el sostenedor es un colaborador de la función educativa del Estado, en tanto éste, es decir el Estado, no puede o no quiere centralizar la administración de escuelas y liceos, razón por la cual delega y financia en terceros, la operación del sistema.
Entonces, el panorama que finalmente se configura, sigue siendo adverso para la educación pública. Si los SLEP son educación pública, la pregunta inevitable es ¿Por qué el Estado no genera un marco jurídico y financiero que genere un escenario favorable para su fortalecimiento? ¿Por qué el Estado se obliga a generar un mismo trato hacia todos los establecimientos? ¿Por qué el Estado no privilegia el fortalecimiento de sus escuelas y liceos?
Y estas preguntas son esenciales, son prioritarias. Y también son naturales, casi elementales. Si el Estado cuenta con una red de escuelas y liceos, el Estado debe hacerse plenamente responsable de ellas. Y lo debe hacer por el bien del país, de su sistema democrático y de su desarrollo material. La educación pública con el apoyo efectivo del Estado, es la que, y la historia así lo demuestra, podrá efectivamente hacerse cargo de la formación de ciudadanas y ciudadanos íntegros y comprometidos para la vida en sociedad. Es ella la que podrá aportar a la edificación de una sociedad más inclusiva, más integrada y más equitativa.
La educación privada y particular subvencionada han existido desde antaño en Chile, y en buena hora. No se trata de suprimirlas. Todo lo contrario. Proponerse esta discusión, implica retornar a los orígenes de los sistemas púbicos de educación. Los fundadores del sistema democrático así lo comprendieron. Si lo que se busca es el desarrollo nacional y el bien público, si lo que se espera es el fortalecimiento y la expansión de la democracia, no se le pueden pedir peras al olmo, no se le puede entregar esta tarea que es, por naturaleza, del Estado a los intereses privados. Pastelero a tus pasteles.