Ciencia y tecnología 2019, de la miseria a la perversión

Jorge Gibert

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Muchos científicos y autoridades calificaron el año pasado de “miserable” el presupuesto 2018 para ciencia y tecnología. Un año después, califican el monto presupuestario para el 2019 de “perverso e irónico”.

Lo primero probablemente se relaciona con el hecho que un Ministerio ya creado carezca de su máxima autoridad y con el sentimiento que ello provoca al interior de las comunidades de investigación del país.

La ironía proviene del hecho que durante la campaña, el candidato Sebastián Piñera comprometió esfuerzos para fortalecer el sistema de investigación científica y tecnológica nacional, y la actual administración decidió proponer un recorte en el presupuesto 2019 para ciencia, tecnología, innovación y conocimiento de más de 32 mil millones de pesos, siendo que debería haber aumentado varias veces esa cantidad rapiñada.

¿Cuánto puede aumentar? Supongamos un presupuesto 2019 con un aumento del 50% para el actual CONICYT…asumiendo que CONICYT debe transformarse en el ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento. Esto es algo menos de 500 mil millones de pesos CL: unos 730 millones de dólares.

Comparado con las inversiones que las AFP realizan en el territorio nacional, que es de 122 mil millones de dólares, corresponde a una 167 parte o fracción. Bajo esta óptica, la de las proporciones, es indudable que la molestia de los científicos e intelectuales vaya en aumento.

Obviamente, la cifra hipotética de 730 millones de dólares está al debe respecto del 1% del PIB, que según todas las voces autorizadas, es lo mínimo que Chile debería invertir en ciencia y tecnología: unos 4.500 millones de dólares.

Sabemos que, en el mundo OCDE, la mayor parte del gasto del PIB en investigación y desarrollo proviene del sector privado. Pero no es nuestro caso. Por ahora. Sin embargo, es importante que el empresariado conozca su objetivo, dado el tamaño del Estado actual, las expectativas de aumentar el dinamismo de los mercados y, en definitiva, convertirnos en una sociedad de libre empresa: en un futuro próximo, el sector privado debería invertir unos 3.270 millones de dólares en I&D.

Siendo estos los guarismos, la pregunta es por qué no se hace.

Yo sospecho que las dificultades provienen de los prejuicios de los actores involucrados en el sistema y debido a que no se ha debatido abiertamente lo básico: el “para qué” y el “cómo”.

Una muestra de ello es la última carta de protesta de la comunidad científica nacional, donde se sugiere que las peticiones de aumento presupuestario “no tiene que ver con financiar investigación porque sí o para favorecer a un sector de la sociedad, sino que con un proyecto país que busca transformar el modelo productivo, moviéndonos de uno principalmente extractivista a otro donde el centro sean los conocimientos generados localmente”.

Pero, ¿realmente eso quiere el Estado, la actual administración, el sector privado, la comunidad académica? No es claro. Tampoco es viable en el corto plazo.

Sin embargo, la idea se expresó de una y otra manera tanto en la comisión asesora 2013, denominada comisión Philippi, como en la comisión presidencial 2015, liderada por el CNID.

En el primer caso, se proponía un ministerio de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. En el segundo caso, un ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Finalmente, fue aprobado un Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento…conocimiento que mayoritariamente se cultiva en el sistema de educación superior.

Es mi impresión que el “para qué” lo constituye el desarrollo social, cultural y económico. No es sólo beneficiar a la comunidad de investigadores o académicos. Tampoco es sólo para mejorar la productividad de la economía o la gestación de nuevas empresas.

Es todo eso y más. Es apostar al desarrollo masivo del capital humano para permitir la emergencia de una sociedad más culta y pulida.

Una sociedad donde el más fuerte o Don Dinero no tengan todas las de ganar, donde impere la sensatez en el marco de una convivencia respetuosa entre iguales ante la ley.

Pero el “para qué” no incluye el “cómo”, que indudablemente pasa por mejorar el nivel de excelencia de todas las universidades que realizan actividades de investigación y desarrollo; además de transformar a las PYMES en usuarias intensivas de las tecnologías disponibles hoy para elevar su productividad, aumentar el empleo y mejorar los salarios.

El impacto de la investigación científica y tecnológica pasa por modificar el rol del sistema universitario, de modo que se traduzca en una mejor formación del capital humano, especialmente en regiones, y también en una mayor sofisticación del segmento mayoritario de las empresas existentes en Chile.

Para cumplir con ese nuevo rol, el gobierno debería explicitarle a la comunidad científica que no dispone de la voluntad de facilitar partidas abultadas, pues no hay dinero para el “largo plazo”. Pero también debe cumplir la palabra empeñada y modificar su propuesta inicial, aumentando el presupuesto para CONICYT 2019.

Finalmente, hay que dotar de contenido (hasta hoy ausente) al nuevo Ministerio, es verdad que sin un proyecto país es difícil, pero sabemos dos cosas: estamos en una sociedad de la información y el motor principal de la generación de riqueza es la economía del conocimiento.