Día mundial de las Telecomunicaciones: Nueva Constitución y un nuevo chasis institucional para la política digital

En octubre del 2019 se exteriorizaba en el país un anhelo popular y masivo por cambiar las reglas del juego, avanzar hacia un nuevo contrato social con efectiva igualdad de oportunidades para todas y todos los ciudadanos, avanzando hacia un sistema de bienestar que le asegure las condiciones mínimas de una educación de calidad, salud digna, transporte alcanzable, pensiones que no los dejen en la indigencia y también contar con un bienestar digital digno.

Hoy, cuando ya sabemos quienes son los alcaldes y gobernadores regionales, autoridades fundamentales para incentivar y eliminar las barreras para el despliegue de la infraestructura digital; también conocemos a los 155 constituyentes electos, dando inicio al itinerario constitucional para la elaboración de una nueva Carta Magna y la definición de los pilares que sostendrán el modo de convivir entre las y los chilenos, sus instituciones, el Estado, la provisión de servicios y bienes públicos, y la actividad privada, en pro del desarrollo y la buena vida en común.

Para muchos, hay que avanzar hacia una noción distinta del Estado y su quehacer, de esa concepción de un Estado subsidiario a uno social, responsable, solidario y democrático. Es en este último donde se deben incorporar derechos, deberes y disponer de diversos mecanismos e instrumentos que sean capaces de eliminar toda forma de discriminación e implementar medidas que permitan corregir la desigualdad, dirigiendo sus propios esfuerzos para encarar las necesidades sociales y de interés público, y con la suma activa de la participación privada, para la satisfacción de los derechos sociales, económicos y culturales necesarios para el buen desempeño individual y social, acorde con la dignidad humana.

La trayectoria hacia una nueva sociedad requiere de una nueva cartografía, donde se incorporan principios y diseños institucionales que busquen garantizar acceso a mínimos de bienestar social, participación política y reconocimiento social, desplegando una nueva arquitectura para la satisfacción de dichos bienes públicos, como lo son la educación, la salud, la seguridad social y la conectividad digital.

El Observatorio por una Nueva Constitución examinó 31.942 propuestas presentadas por los candidatos y candidatas a constituyentes. Identificó 464 ideas que se refieren a consagrar el desarrollo de la ciencia, el conocimiento y la investigación como un derecho en nuestro país, estableciendo una institucionalidad que permita avanzar en estas materias. De igual forma, se habla de propender al desarrollo tecnológico y establecer derechos tales como el acceso universal a internet, una mejor conectividad para el país y también el resguardo de la ciudadanía frente a la tecnología actual, tales como el derecho a la desconexión, derecho a la intimidad y la seguridad digital de los datos personales.

Paralelamente, discutíamos hace unos días con el profesor Alejandro Barros ¿qué pasó con la Agenda Digital 2020? Aquella hoja de ruta, co-construída con un modelo de trabajo colaborativo, con la participaron activa del mundo público, privado, academia, y sociedad civil, donde trazamos una política transversal con impacto multidimensional desde lo social, cultural y económico hasta en áreas tan diversas como la pobreza y desigualdad, salud y bienestar, educación, trabajo, crecimiento económico, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, innovación, mitigación del cambio climático y fortalecimiento de las instituciones. Una Agenda sin movimiento desde noviembre de 2018.

Lo cierto es que nuestro sector requiere de un chasis institucional que defina y promueva una política digital de largo plazo. Es un asunto tan estratégico que cada Gobierno debe asumirla como una "tarea país" y no abandonarla porque viene de la administración anterior.

Chile en su estrategia de recuperación y transformación post Covid-19 debe establecer y ejecutar una política digital de largo aliento, abierta, viva y transparente, con expresión local y regional, elaborada en un proceso participativo y ciudadano, convocando a un amplio conjunto de la sociedad, donde sus dimensiones, metas y compromisos se puedan evaluar, revisar y someter a un proceso inclusivo de actualización cada 5 años, de manera de hacer un up grade, incorporar cambios, introducir nuevos desafíos, dar cuenta de ciertas eventualidades o el surgimiento de nuevas prioridades que pudiesen modificar el dinámico escenario digital.

El valor público del instrumento en el tiempo garantiza la certeza y reduce incertidumbres, precisamente para el mejor desempeño del accionar público y privado en el sector digital, donde será clave definir un nuevo modelo de colaboración público-privada, eliminando la desconfianza y la sospecha, asumiendo la experimentación y los riesgos de manera compartida, definiciones que son claves para la creación conjunta y proactiva para la transformación digital del país.

No dimensionar lo digital como una política de Estado, hace visible un desacoplamiento, una desincronización entre el avance de la tecnología, las necesidades país y de su gente, el desarrollo estratégico, la calidad de la democracia y el propio peso de la institucionalidad pública.

En el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información es bueno replantearse que ante un sector digital tan ágil y dinamizador, el Estado y las instituciones deben reconfigurar el chasis institucional tradicional, para que sea un articulador y promotor de todo el potencial que tiene el sector tecnológico y ponerlo al servicio de las personas. De lo contrarío, podríamos seguir fomentando la inequidad estructural, el crecimiento a corto plazo y las brechas de desigualdad.

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