El rol de las políticas públicas en la alianza ciencia-industria en Chile

Dora Altbir

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La imperiosa necesidad de fomentar la transferencia tecnológica en la industria ha regresado una vez más a la conversación política y científica chilena durante estas últimas semanas. Mientras la Comisión de Futuro de la Cámara Baja tramita las normas sobre transferencia de tecnología y conocimiento, en la última reunión de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) expertos chilenos abordaron la llamada "transición verde". Y, finalmente, el Ministerio de CTCI presentó la nueva Política Nacional de Inteligencia Artificial, continuación de la primera versión que, en 2021, llevó a Chile al liderazgo en el Índice Latinoamericano de IA. Esta vez se espera poner al país también la vanguardia de la adopción ética y responsable de la IA, regulando la cadena de valor que vincula la investigación, la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento.

Todos, esfuerzos de nuestro país para apoyar el encuentro entre el conocimiento científico y las nuevas tecnologías con la industria y la sociedad. Una tarea imprescindible a la hora de abordar el desarrollo del país, y que considera la creación de más conocimiento, la formación de nuevos talentos, y un vínculo estrecho entre las Universidades, el sector privado y el Estado que nos permita incrementar las ventajas que ofrecen nuestras materias primas y condiciones geográficas, removiendo diversos factores que, hasta ahora, han obstaculizado estos procesos.

El primero de ellos, sin duda, es el tiempo. El tiempo que la ciencia requiere para transitar desde el conocimiento a un desarrollo no es menor. Thomas Alva Edison requirió de 1.200 experimentos para finalmente fabricar una bombilla eléctrica, un desarrollo relativamente sencillo, cuya base científica estaba ya totalmente clara, previo a su trabajo. Una asociación temprana con la industria puede ser muy favorable, pero suele ser vista erróneamente como "poco rentable". Sin embargo, esta asociación puede optimizar y acelerar un desarrollo, al compartir información y conocimientos que los científicos muchas veces no tenemos.

El patentamiento es otro aspecto que complejiza este ansiado desarrollo basado en el conocimiento. El patentamiento, imprescindible para proteger un nuevo desarrollo, tiene un costo no menor. En Chile, la presentación de una patente tiene un valor de entre 3 a 5 millones de pesos, pero los costos en otros países son mucho mayores, lo que muchas veces desanima a los investigadores a presentarlas y proteger sus desarrollos en forma global. Una colaboración con la empresa puede ser también muy beneficiosa en esta etapa, pero debe considerar las contribuciones de ambos sectores, científicos y empresa, en una sociedad que deje a ambos satisfechos.

Es aquí donde las políticas públicas pueden contribuir fuertemente, asignando más recursos y menos restricciones a la investigación en centros y universidades, y creando programas atractivos de rebajas tributaria a empresas que se vinculen tempranamente a procesos de investigación e innovación.

Al discutir las nuevas políticas de transferencia tecnológica, esperamos que nuestros legisladores puedan fomentar decididamente esta alianza entre quienes desarrollan la ciencia y quienes pueden llevarla al mercado.