Hace unas semanas se cumplieron 50 años de la llegada de los humanos a la luna. Innegablemente se trató de un acontecimiento que modificó el rumbo del mundo. Además de las características épicas del acontecimiento, generó un enorme impulso científico, económico y político.
Una empresa de tamaña envergadura no habría sido posible sin la decisión del gobierno federal norteamericano de plantearse este objetivo nacional.
Más allá de los réditos políticos que significó para EE.UU., la expedición produjo grandes avances científicos que mutaron en innovaciones civiles que son la base de nuestro actual desarrollo tecnológico.
Las celdas solares de silicio que hoy sirven para calefacción de viviendas, los termómetros infrarrojos para medir temperaturas, tanto de estrellas como de personas, los detectores de humo, los sistemas de comunicación a larga distancia, los avances en robótica, y hasta la fruta deshidratada, son producto de la carrera espacial.
Por otra parte, la situación de nuestro país en términos de desarrollo económico social y ecológico, sugiere avanzar a una etapa de mayor sofisticación, lo que implica modificar la matriz productiva transitando hacia una economía menos dependiente de la explotación de recursos naturales y más cercana a una sociedad sustentable asentada en el conocimiento.
Para esto, Chile cuenta con una pequeña, pero productiva masa crítica de científicos en áreas diversas y con un pool de jóvenes formados en el extranjero en programas estatales, deseosos de abordar grandes desafíos. Lamentablemente, una de las limitaciones centrales a esta posibilidad es el estancamiento presupuestario para ciencia y tecnología.
Las restricciones presupuestarias han ampliado brechas con países desarrollados en vez de cerrarlas.
Mientras la inversión en proyectos se mantiene constante, los postulantes se duplican y triplican, generando desmotivación en científicos jóvenes y consagrados. Los sueldos deficientes de quienes han iniciado carreras científicas desincentiva vocaciones y desperdicia valiosos recursos humanos.
Los grandes desafíos del país no pueden ser abordados en su complejidad, dado que los pocos centros de excelencia con que contamos están limitados a temporalidades independientemente de su desempeño, inhibiendo el desarrollo de programas estratégicos.
Es más, la creciente estrechez en las tasas de aprobación y financiamiento de proyectos está dañando la credibilidad del sistema, ya que deteriora la discriminación objetiva por calidad.
La derogación de la Ley Reservada del Cobre constituye una oportunidad de hacer una reasignación de largo plazo que permita un incremento gradual de los recursos públicos para investigación e innovación.
Esto incentivaría aportes privados y mejoraría las posibilidades de colaboración internacional, la captura de tecnología, conocimiento y la propuesta de soluciones para problemas sociales graves, como el energético, envejecimiento de la población y el impacto del cambio climático.
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