"Las circunstancias extraordinarias de la pandemia exigen medidas extraordinarias", señaló Tai Katherine, al declarar la intención de Estados Unidos de suspender temporalmente las patentes de las vacunas contra Covid-19 como una medida para acabar con la enorme brecha en la vacunación entre países ricos y pobres.
El apoyo no es garantía de que se apruebe la exención, la Unión Europea no está de acuerdo y hacer cambios a las normas internacionales de propiedad intelectual requiere unanimidad. Además, falta aún definir qué se quiere hacer específicamente, cómo, durante cuánto tiempo y con qué condiciones, en un texto que convenza a todo el mundo.
¿Frente a qué estamos entonces? Existen dos posturas: Quienes defienden la liberación de la patente para bajar los costos y aumentar la producción buscando equidad a nivel mundial; y los que estiman que desincentivará la inversión empresarial al no poder asegurar la rentabilidad, como resultado, no habrá más incentivos para la innovación farmacéutica. Recordemos que las patentes otorgan a sus titulares la exclusividad para fabricar un producto durante un plazo de tiempo determinado, habitualmente 20 años, en los que la empresa tiene garantizado en mayor medida el retorno económico.
El primer efecto del anuncio fue la inmediata baja en las acciones de las empresas farmacéuticas: Moderna cayó 10%, Novavax cerca de 9% y BioNTech 6%. Pese a la baja bursátil, la pandemia sigue siendo por ahora un negocio altamente rentable. BioNTech ha subido más de 300% desde marzo de 2020, CureVac 92% desde que empezara a cotizar en agosto de ese año, y los avances de Moderna y Novavax rondan 600% y 1.000%, respectivamente, si se toma como punto de partida el inicio de la crisis sanitaria.
No hemos de olvidar que es el incentivo económico el que mueve a las empresas y en ese sentido si asumen que tal vez no van a tener el retorno esperado, es posible que detengan ese desarrollo por considerarse poco lucrativo. Un argumento extraño en el contexto actual, porque las empresas se libraron en gran medida de los riesgos con grandes cantidades de financiación pública en investigación y desarrollo de las distintas vacunas.
Pero más allá, éstas utilizan descubrimientos e investigaciones previas. Por ejemplo, según datos de Scival (Elsevier), entre los años 2015 y 2020, 994 patentes citaron artículos generados por instituciones chilenas, de ellas sólo 117 fueron registradas en Chile. Si bien este dato no es absoluto y el impacto puede ser indirecto, se trata de una gran cantidad de conocimiento generado en el país que luego agrega valor a invenciones y productos que reportan al titular de sus derechos de manera privada. ¿Cómo debiera considerarse el retorno social de esta inversión estatal?
Ya en octubre India, Sudáfrica, 58 otros Estados y más de 300 organizaciones apoyaron una solicitud que cumple con una suerte de "función social" recogida en los acuerdos ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) en sus artículos 31 y 31 bis, los que establecen las condiciones que deben darse en el caso de que un Estado desee utilizar patentes sin el consentimiento de su titular. ¿Por qué? Para complementar los mecanismos de fomento voluntario de la solidaridad internacional, los que se han demostrado ineficaces en esta crisis.
Este intento anterior muestra que es claro que sin el respaldo de otras naciones clave, las propuestas pueden estancarse. Necesitamos soluciones hoy. La realidad es impactante. Las previsiones indican que los países de África subsahariana podrán vacunarse el 2024. Los países pobres no solo se verán obligados a esperar, sino que a muchos ya se les están cobrando precios mucho más altos por dosis. Uganda, por ejemplo, ha anunciado un acuerdo de compra de millones de vacunas de AstraZeneca a siete dólares la dosis, más de tres veces lo que la UE ha pagado por la misma inyección. Incluidas las tasas de transporte, administrar la vacuna completa a un ugandés costará 17 dólares.
No parece justo que los beneficios de las aplicaciones del conocimiento se sitúen exclusivamente en los eslabones finales de la cadena. Pfizer ha dicho que su vacuna requiere 280 componentes de 86 proveedores en 19 países, así como equipos y personal altamente especializados. "Entregar a los países necesitados un libro de recetas sin los ingredientes, las garantías y la considerable fuerza de trabajo necesaria no ayudará a las personas que esperan la vacuna", dijo Michelle McMurry-Heath, presidenta y directora ejecutiva de la Organización de Innovación Biotecnológica.
En este sentido es cierto que la liberación debe ir acompañada transferencia de tecnología y know-how, acceso a las materias primas y mejoramiento de los actuales problemas de distribución. Tenemos que definir cuál es la capacidad total que necesitamos y para cuándo, y cuál es la capacidad actual, la que tiene que complementarse con la capacidad de distribución e implementación de campañas de inoculación de los sistemas sanitarios locales. Estamos ante un problema global, la respuesta deber ser de la misma índole.
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