Un nuevo trato con la ciencia

Rodrigo Navia

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Un ambicioso mandato en términos de inversión en ciencia y tecnología se ha autoimpuesto la actual administración, lo que significa pasar de 0,34% a 1% del PIB, una demanda anhelada desde hace años, pero que había tenido tibia acogida en gobiernos anteriores.

El objetivo acaba de ser ratificado por el ministro de la cartera, Flavio Salazar. En efecto, en una entrevista con un diario económico, detalló que para conseguirlo se expandirán algunos programas, se entregarán fondos basales a las universidades regionales y se impulsarán proyectos multi-institucionales de carácter nacional como la gobernanza de datos, el hidrógeno verde y centros de vacunas. Según su estimación, en un primer año esto podría incrementar la inversión en ciencia en 20% para después seguir aumentando la cifra. La idea es que estos grandes proyectos atraigan inversión privada nacional y exterior, que complementaría la inversión del Estado. ¡De materializarse serían muy buenas noticias para el sector!

Para lograrlo el Gobierno cuenta con un aliado clave: las universidades. Estas son hoy el principal ejecutor de actividades de I+D en Chile, según el portal Observa del Ministerio de Ciencia y que en conjunto generaron casi 20 mil publicaciones tan solo el año pasado. Son más de 9 mil científicos los que trabajan día a día poniendo su conocimiento al servicio de Chile y que pudieran conectarse para este ambicioso plan.

Sin embargo, para poder desplegarnos con fuerza se hace necesario ir removiendo una serie de obstáculos que hacen difícil una consolidación de las iniciativas, entre ellos el financiamiento acotado que tienen los proyectos de investigación y su desacople con los tiempos de duración. En general los emprendimientos científicos con mayores posibilidades de éxito pueden fácilmente prolongarse durante algunos años, antes de alcanzar la madurez suficiente para despegar a nivel comercial. No obstante, en general cuentan con respaldo financiero acotado por parte del Estado, lo que implica que para poder seguir desarrollándose deben continuamente postular a nuevos fondos.

A ello se suma que para innovar de verdad las iniciativas involucran necesariamente un riesgo y también requieren de expertos de excelencia para evaluarlas y otorgarles el valor real que les corresponde. La tarea desarrollada por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) en esta área ha sido muy efectiva, pero resulta conveniente potenciar los equipos de selección con expertos que puedan también analizar las innovaciones desde el punto de vista de su efectiva penetración en el mercado.

Muchos de los emprendimientos de base científico-tecnológica en nuestras casas de estudio surgen desde el postgrado y por lo mismo es necesario crear y/o adecuar los actuales instrumentos de fomento a esta realidad. Necesitamos programas específicos para la aceleración de emprendimientos de base científico-tecnológica flexibles y pertinentes que permitan a los estudiantes de postgrado (quienes luego pueden transformarse además en investigadores o académicos) desarrollen sus proyectos sin trabas administrativas propiciando su desarrollo y agregando valor a sus iniciativas, considerando que las universidades estatales representamos el 60% de las 30 universidades que componen el Consejo de Rectores (CRUCh).

En suma, tenemos una necesidad de modernizar los marcos normativos del sector, como elemento clave para avanzar hacia un país donde la ciencia aplicada y la transferencia tecnológica expanden las posibilidades de impactar positivamente, y se alcanza un mayor desarrollo de la mano de las universidades, generando un efecto multiplicador tanto a nivel regional como nacional, en beneficio de la ciudadanía y su calidad de vida.