¡A exigir que se cumpla la normativa vigente!

El año pasado y lo que va del presente, los movimientos sociales que se han desencadenado por las más diversas temáticas, dan cuenta del descontento que se fue acumulando para explotar en todas las direcciones posibles, dando paso a una seguidilla de exigencias y propuestas de toda índole, que no son otra cosa que la toma de conciencia por parte de la ciudadanía de que no sólo tenemos deberes y responsabilidades (pago de impuestos, cumplimiento de leyes y normas, etc.), sino que además y por sobre todo, tenemos derechos asociados a esos deberes, como por ejemplo, el de poder decidir el Chile que queremos vivir.

Me referiré puntualmente al tema del territorio, el espacio urbano y el concepto de ciudad que soñamos, que está normado por planos reguladores y reglas afines, que debieran fijar los límites para la normalización y uso del suelo urbano y rural asegurando el bienestar de sus habitantes.

Lamentablemente, la experiencia nos enrostra a diario que no es así, claro ejemplo de esto son el Mall de Castro y el de Valparaíso, sendas moles que se instalan en mitad de una geografía y un entorno que solía ser coherente con el despliegue del paisaje  privilegiado que caracteriza ambas localidades, postal intervenida  de manera arbitraria sin mediar consulta alguna a quienes tienen hecha allí sus vidas y serán los principales afectados por todos los cambios que estas construcciones generen.

Se están construyendo ciudades que nada tienen que ver con la idiosincrasia de los espacios intervenidos, sacrificando la calidad de vida y el entorno en pos de un fin que no tiene una justificación real, después de todo, se trata de centros comerciales, no de espacios o bienes públicos de primera necesidad.

Existe una normativa vigente, sin embargo, muy a nuestro pesar, dicha normativa no plantea la defensa del derecho a la conservación y respeto del entorno de la ciudadanía, ya que exige una altura máxima de cuatro pisos para construcción en altura; sin embargo dicha exigencia sólo aplica para la fachada de la construcción, permitiendo el desarrollo de la obra, a criterio de sus dueños,  en la parte posterior de la misma.

Es aquí donde radica la importancia de la participación de los verdaderos dueños de los territorios, sus habitantes, desde el inicio de este tipo de proyectos, mediante consultas ciudadanas vinculantes, es decir el derecho real de elegir cómo vivir nuestro entorno.

Una muestra ejemplificadora de ello, sería que se hiciera cumplir la normativa vigente, demoliendo lo que no está autorizado. Si por primera vez una autoridad se atreve a demoler una construcción que transgrede la legalidad sin dejarse amedrentar por la lógica de los hechos consumados, sería sin duda una gran señal.

Mientras algo así no ocurra, el lobby inmobiliario y sus habituales mecanismos para influir en las autoridades, seguirá imponiendo sus intereses pasando sin asco por sobre el bienestar de las personas.

Urge formar estructuras de representación de la sociedad civil que sean permanentes, considerando que claramente las autoridades pertinentes (concejales y otros) no han sido capaces de frenar este tipo de abusos, evidenciando un desempeño que está muy por debajo de lo que la ciudadanía espera.

En vísperas de procesos eleccionarios, éste es el momento de decidir qué país queremos vivir, y posicionarnos como ciudadanos en el lugar que nos corresponde, exigiendo ser parte de todas las decisiones que afecten nuestra vida y la de nuestras familias, y que esas decisiones deban, por ley, ser tomadas en cuenta antes de ejecutar cualquier cambio.

Es ahora el momento de exigir una política nacional de desarrollo urbano elaborada en conjunto con los ciudadanos, que respete las necesidades y la idiosincrasia de cada pedazo de nuestro Chile, sólo así daremos un pequeño paso para avanzar hacia la construcción de ciudades más justas, sustentables e inclusivas.