Desafíos para la inmigración

Graciela Ortúzar

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La migración ha llegado a ser parte integral de la agenda mundial de desarrollo. Según las autoridades centrales, Chile alcanzó el millón de inmigrantes. Este dato refleja no solo que la composición demográfica del país ha cambiado, sino también las ideas de nosotros como sociedad. Avanzar, construir y facilitar la regularización e integración de aquellos que vienen buscando un mejor porvenir es hacerse cargo de esta realidad, ya que basta con salir a la calle para darnos cuenta de que el paisaje cambió. 

En Chile, más de 80% de los inmigrantes que llegan provienen de Latinoamérica, Perú, Bolivia y Colombia lideran la lista y se concentran en la Región Metropolitana y en el norte. Lo interesante es que el perfil del inmigrante ha evolucionado en los últimos años, pues hay un creciente ingreso por reunificación de las familias y de profesionales calificados que vienen a competir con los chilenos.

Lo cierto es que tenemos dos grandes desafíos para enfrentar esta realidad: la perspectiva social y de políticas públicas, y de institucionalidad.

En el marco social, aún existe una parte de la población local que cree que los inmigrantes vienen a quitar trabajo, contribuyen a la rebaja salarial, se aprovechan de los servicios públicos, no pagan suficientes impuestos y amenazan la cohesión social y la seguridad. 

Sin embargo, no existen datos empíricos que reflejen estos temores. Un informe publicado por la OCDE, denominado “Cómo los inmigrantes contribuyen a la economía de los países en desarrollo”, ayuda a comprender el papel que desempeñan y la diversidad de influencias que ejercen los extranjeros en la economía del país de acogida.

Como trabajadores son parte del mercado laboral y, a la vez, tiene efectos sobre él, alternan la distribución de ingreso en el país e influyen en las prioridades de inversión interna.

Como estudiantes contribuyen a aumentar la reserva de capital humano y difundir el conocimiento.

Como emprendedores e inversionistas, crean oportunidades de trabajo y promueven la innovación y el cambio tecnológico, al igual que como consumidores.

Como ahorradores, no sólo envían dinero a sus países de origen, sino que también contribuyen de manera indirecta, a través del sistema bancario, a fomentar la inversión en países de acogida y como contribuyentes, aportan al presupuesto público y se benefician de los servicios públicos. Además de contribuir a la diversidad social y cultural de las comunidades en las que se asientan.

Una vez comprendido esto, es que debemos derribar estas barreras que finalmente crean mayor separación, en lugar de buscar espacios de encuentro. En estricto rigor, los extranjeros que llegan a nuestro país - y a cualquier otro - en ningún caso vienen a quitarnos derechos sociales, por lo que el acceso a la información es una parte fundamental para lograr un cambio de mentalidad frente a esta temática.

Es importante mencionar que Chile es uno de los países con menos migración en la región, en comparación con Argentina, Venezuela y Costa Rica, que tienen casi un 15 por ciento de población migrante.

Acá ni siquiera estamos cerca del 5 por ciento, por lo que informar correctamente a la población, insisto, es la base fundamental para desmitificar y cambiar la forma en que nos relaciones con la diversidad… en todas sus aristas.

Por otra parte, hemos sido testigos de que Chile no estaba preparado para un cambio tan significativo, pues se calcula que actualmente existen alrededor de 300 mil extranjeros indocumentados, lo que va asociado a precariedad habitacional, abusos laborales y un incremento de la trata de personas. Sumado a esto, tenemos una institucionalidad migratoria que data de 1975, que claramente no se ajusta con la realidad y las necesidades actuales del país.

El gobierno actual ha presentado una nueva legislación migratoria que busca normar la forma en que los migrantes ingresan y permanecen en el país, respetando sus derechos fundamentales y mitigando los riesgos asociados al movimiento de personas. Si bien este es un gran avance en la materia porque promueve una nueva institucionalidad, un sistema flexible de categorías migratorias, nuevas medidas para combatir el tráfico de migrantes, descriminalizar la inmigración irregular y la simplificación del proceso de expulsión para quienes infrinjan la ley, lo cierto es que el desafío es seguir avanzando.

La falta de registro de la población inmigrante incide directamente en el comportamiento de las estrategias de inversión pública. En Lampa, diez mil personas se atienden en centros de salud municipal, y por la porción extranjera, el municipio no percibe asignación de financiamiento per cápita, lo cual influye en el gasto social: salud, recursos humanos, infraestructura, etc. Lo mismo sucede en el ámbito de la educación.

Lo cierto es que los inmigrantes aportarán a nuestra economía y desarrollo, siempre y cuando se regularice por completo su inscripción formal en el sistema, de esta manera, las políticas públicas estarán mejor orientadas y los gobiernos locales tendrán mayores recursos y herramientas para satisfacer las necesidades de la población en general.

En aras de un mejor porvenir para nuestra gente y para quienes toman la díficil decisión de emigrar, el Estado debe trabajar en una política pública general, que permita la integración y la institucionalidad acorde a un país desarrollado en un mundo globalizado, pues estamos de acuerdo en que este tiene todas las condiciones y normativas para lograrlo.