La falla de San Ramón
San Ramón no es una narco-comuna. Es una comuna pobre de 7 kilómetros cuadrados en el que a diario cientos de organizaciones vecinales, deportivas y confesionales fortalecen y promueven la participación democrática a escala local.
Es el territorio digno de la población La Bandera y de sus habitantes, que dijeron al mundo las injusticias sociales y violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante la dictadura de Pinochet cuando fue visitada por el Papa Juan Pablo II en 1987.
Es parte de esa periferia metropolitana castigada por una economía-política fundada en la exclusión y la competencia desigual, donde los indicadores de oportunidades están por debajo del promedio regional (SIMCE, PSU, áreas verdes, equipamiento) mientras que los indicadores de riesgo superan los índices nacionales en hacinamiento, mortalidad infantil y desempleo.
La comuna de San Ramón es una de aquellas donde la “grasa estatal”, mal evaluada, de programas sociales recortables, tendientes a prevenir la violencia contra la mujer o la deserción escolar y fomentar el deporte y la recreación, son la principal inyección de recursos para el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.
Por ello, la crisis desatada a partir de las denuncias contra el alcalde Aguilera y las consecuencias en el interior del Partido Socialista, tienen un impacto absolutamente negativo en las casi 100.000 personas que viven en esta comuna.
El alcalde Miguel Ángel Aguilera es un dirigente de base que se dotó de capital político generando redes de influencia al interior del Partido Socialista, como muchos otros con acceso directo al padrón electoral de militantes y vocación de incidir en la distribución de cuotas en los territorios.
Pero a diferencia de otros operadores, decidió capitalizar para sí mismo el arduo trabajo de hacer política en el barrio, donde se acarrean los votos que legitiman a los que conducen las maquinarias partidarias. El 70,3% de los sufragios en la municipales del 2016 y la Vicepresidencia del PS en 2017 son el resultado.
Sus presuntos nexos con personas imputadas de narcotráfico son igual de repudiables que las redes SQM con el financiamiento ilegal de campañas políticas, la Ley de Pesca, la colusión y las otras irrupciones corruptas presentes en el debate nacional.
Pero la denuncia y el reproche se han hecho extensivo a quienes habitan en la comuna. La etiqueta “narco-comuna” incluye a todos los que habitan dentro de las arbitrarias fronteras municipales fijadas por la Administración, transfiriendo responsabilidad por los actos denunciados a ciudadanos a pie en veredas en mal estado y que comentan estos acontecimientos en las salas de espera de consultorios con mobiliario deficiente y funcionarios mal pagados.
Y una vez más quienes se hacen cargo de las pérdidas son los ciudadanos.
Puente-Asalto fue un ejemplo de estigmatización territorial con consecuencias nefasta para las personas: negar el domicilio para postular a un puesto de trabajo, obstáculos para acceder a servicios (banda ancha, créditos), repliegue de la inversión privada, etc., son algunas consecuencias que los habitantes de las “zonas rojas” deben enfrentar cuando se impone el discurso excluyente.
Por ello, deben investigarse en profundidad y con la mayor celeridad las denuncias que recaen sobre el alcalde y sus posibles conexiones políticas, despejando el camino para que el gobierno local pueda reconstruir sus vínculos de confianza con la ciudadanía, con más transparencia y fiscalización oportuna.
La falla de San Ramón, geológica y política, es una amenaza que pende sobre la ciudad y sobre nuestra democracia, insegurizando el día siguiente. Pone en peligro los cimientos sobre los que construimos nuestro sistema político y económico, fundado en la previsibilidad y el control de los riesgos y el desplazamiento de las rupturas a zonas de menor impacto.
Lo cierto es que el muro de contención son los ciudadanos. Sobre ellos recae el desprestigio y se incrementa la desconfianza. Y antes de que la fisura se haga profunda e irremediable, hay que tender puentes y asegurar los cimientos sobre los que se edifica la política y la vida comunitaria en los territorios.
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