Ley de transparecia: poder ciudadano

El 20 de abril se cumplieron tres años de la entrada en vigencia de la Ley 20.285, de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Cuando fue promulgada por la Presidenta Michelle Bachelet, la noticia se divulgaba como un verdadero hito que marcaría la relación entre el Estado chileno y la ciudadanía.

Puedo refrendar, con ejemplos concretos, que esa expectativa se ha cumplido en casos emblemáticos de lo que la nueva ley puede llegar a provocar en la relación entre Estado chileno y ciudadanía. Los que voy a relatar a continuación son casos reales de grupos pertenecientes a comunidades vulnerables que gracias al uso de la ley obtuvieron información que les permitió realizar acciones relevantes para sus causas.

La población Gabriel González Videla, del barrio Club Hípico en Santiago, construida de emergencia hace medio siglo para albergar damnificados por el terremoto de Valdivia, sufre hace más de 30 anos problemas en su alcantarillado, los que se agravaron dramáticamente después del terremoto del 27F, rebalsándose permanentemente en el interior de las viviendas, generando un foco infeccioso de enfermedades y malos olores.

Los vecinos llevaban años intentando que algún organismo público atendiera sus necesidades, sin respuestas claras ni exitosas.

Mientras la Municipalidad derivaba el problema a Aguas Andinas, empresa responsable por el alcantarillado público, esta se desentendía del problema alegando que la reparación del alcantarillado que está al interior del terreno de las viviendas no es problema de su responsabilidad.

Por su parte, los vecinos argumentan firmemente que ellos no son responsables de la reparación de la red que aunque haya quedado instalada bajo sus terrenos, sigue siendo pública ya que por ahí circulan los residuos de todas las casas.

Este juego del “compra huevos” se daba en la poco lúdica situación de los vecinos de la población que convivían a diario con la insalubridad y la indignidad de ser sus casas el rebalse de las aguas servidas de un alcantarillado público en mal estado, que por error de diseño pasa al interior de sus terrenos.

A punta de solicitudes de información a la municipalidad de Santiago, al Gobierno regional y a distintos servicios públicos, la comunidad liderada por la dirigenta Margarita Carvallo, logró encaminar acertadamente sus gestiones para llegar a los organismos que podrían incluir en sus presupuestos los proyectos de reparación de ambos defectos.

Vale mencionar que en este proceso la comunidad debió enfrentar negaciones de información, para lo cual fue fundamental el rol del Consejo para la Transparencia, organismo independiente encargado de hacer cumplir la ley, el que acogió de amparo al solicitante, obligando al servicio público –la municipalidad de Santiago en este caso- a entregar la información que había negado inicialmente.

De ahí en adelante la información recibida vía uso de la ley ha servido para gestionar la presentación de proyectos y hacer control social a su avance, uno de los cuales obtuvo a comienzos de este año financiamiento del Gobierno Regional Metropolitano para la reparación de la red pública del alcantarillado de la población.

Otros dos casos ejemplares solo los enuncio. Uno de ellos corresponde a las agrupaciones afrodescendientes que el año 2010 se propusieron lograr que el gobierno, a través del INE, los incluyera en el censo 2012.

El sigilo con el que este organismo llevó adelante su tarea hizo necesario recurrir en múltiples ocasiones a la ley de acceso a la información para saber sobre los avances en la definición del cuestionario censal y sobre las resoluciones acerca de la inclusión de una pregunta que permitiera identificar a los afrodescendientes en Chile.

En este caso se logró parcialmente el objetivo, ya que las agrupaciones afrodescendientes, representadas en buena parte de las gestiones por Cristián Báez, de la organización Lumbanga, consiguieron ser escuchadas e intervenir en el proceso de manera que el INE se comprometió a realizar un estudio vinculante al censo, en la región de Arica y Parinacota.

El tercer y último caso que menciono, es el de un grupo de personas transgéneras de la ciudad de Talca, quienes después del terremoto 27F no conseguían ingresar a los planes de viviendas de emergencia, porque les decían que ellas no eran “familia”, no tenían prioridad.

Gracias a la respuesta a solicitudes de información hechas a la municipalidad de Talca, al ministerio del Interior, al MINVU y Bienes Nacionales, por sus dirigentas Soraya Sánchez y Tatiana Sepúlveda, supieron que el único requisito para acceder a viviendas de emergencia era ser damnificado/a.

Con esta información pudieron solicitar con certeza su derecho a ser incluidas en los planes de emergencia obteniendo finalmente las viviendas, sin discriminación por su condición.

Como estos tres, podría relatar muchos otros casos que hemos acompañado desde Participa, mediante la ejecución del proyecto INCIDE Poder ciudadano, destinado a dar a conocer la ley y capacitar a ciudadanos y ciudadanas de sectores vulnerables para que la utilicen como herramienta para ejercer sus derechos frente a las instituciones del Estado.

Nuestra experiencia acredita que la ley de transparencia y acceso a la información, en la medida que sea conocida y utilizada por la ciudadanía, efectivamente puede marcar un hito que cambie la relación del Estado de Chile y la ciudadanía, por el poder que le confiere a esta última.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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