Seguridad ciudadana y calidad de vida

Las comunas de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea invierten aproximadamente seis mil millones, cuatro mil millones y tres mil quinientos millones de pesos anuales respectivamente en seguridad pública. Estación Central en cambio invierte aproximadamente 450 millones de pesos anuales en prevención de delitos y a la seguridad de nuestros vecinos y vecinas, siendo casi el 45% de dicho ítem aportado por el gobierno central a través de la subsecretaría de Seguridad y Prevención del Delito.

Más allá del nivel de inversión y desigualdad entre las comunas descritas, el fenómeno de inseguridad es el mismo.

Entonces, nos preguntamos ¿qué es lo principal que se debe tomar en cuenta al abordar la problemática de la seguridad pública?

Es evidente que se deben buscar soluciones para entregar una mejor calidad de vida para todos y todas, pero con el exiguo presupuesto que se destina y la abismante diferencia con otras comunas, se hace más que necesario encontrar ideas y caminos que posibiliten obtener resultados positivos en el corto y mediano plazo.

Veamos primero un diagnóstico: los fundamentos ideológicos del neoliberalismo (en el cual Chile está inmerso desde la dictadura de Pinochet), enfatizan y rentabilizan el miedo y la sensación de inseguridad de la población, con mucha ayuda de los medios de comunicación masiva que, de tanto en tanto, sacan a relucir de manera excesiva nuevos delitos y sus correspondientes soluciones a precio de mercado, fomentando la industria del miedo que, además, genera dividendos políticos cortoplacistas para quien se autoproclame como el sheriff de turno.

Además, el actual modelo de sociedad rinde culto a la individualidad, las desigualdades son groseras y segregadoras, no se garantizan derechos ni igualdad de oportunidades, se construyen guetos en las metrópolis, posibilitando las subculturas con códigos y antivalores propios y funcionales a la comisión de delitos.

Esto, sumado al clientelismo que opera en las comunas, ha ido articulando sociedades apáticas, carentes de identidad, sin sentido de pertenencia ni redes por donde fluya la solidaridad, el apego y el compromiso por los demás, lo que dificulta articular acciones de prevención y ocupación de espacios públicos para atacar el problema en el fondo y en las formas, con la participación activa de todos.

Chile no puede seguir siendo el mismo. En primer lugar, el cuerpo de fundamentos y normas en el que se ha sustentado, la Constitución, debe ser revisado y modificado en función de una nueva realidad que se presenta cada vez más compleja, dinámica y desafiante, pero que a la vez abre la posibilidad de soñar y construir un mejor país y con ello, mejores comunas, más equitativas y con mayor integración social.

Es urgente avanzar en un proceso de reformas democratizadoras y de justicia social en los municipios, que a modo de desafío se superpongan e interpelen a la institucionalidad que nos rige y que se orienten como práctica social al reconocimiento y validación de la acción colectiva y la deliberación ciudadana. Esto constituye el primer paso de una tarea mayor, que es dotar a la Comuna y al país de un proyecto compartido para su desarrollo y un mejor vivir.

La actual política de seguridad pública ha dado mayor énfasis a los procesos punitivos y represivos por sobre una mirada preventiva. En este sentido, es preciso elevar la mirada para buscar más allá del efecto, construir entre todos una solución de fondo, donde la complementariedad, la participación democrática y vinculante y la generación de programas que privilegien la reinserción social y, especialmente, los orientados a mejorar la convivencia social, el uso de los espacios públicos y entornos más inclusivos, barrios más amigables y seguros para quienes los habitan.

No se puede pensar que con 450 millones de pesos al año se va a solucionar en algo la delincuencia ni menos dar abasto con la demanda de Seguridad Ciudadana de toda la comuna.

Aspiramos a crear por ejemplo una Defensoría Comunal, con énfasis en la seguridad pública y que fomente los derechos sociales; o bien, integrar de manera permanente a distintos actores sociales que incidan en el diseño y elaboración del Plan Comunal de Seguridad que junto a los órganos del Estado respectivos, dote de herramientas reales y efectivas para prevenir la delincuencia.

Es por eso que en Estación Central nos urge, más allá de incrementar o no el presupuesto destinado, crear nuevos espacios de participación ciudadana que apunten a la generación de soluciones permanentes de los factores que inciden en la delincuencia y avanzar definitivamente hacia una mejor calidad de vida para nuestras vecinas y vecinos.