80 años de la liberación de Auschwitz: La importancia de las políticas públicas contra el odio
El 80 aniversario de la liberación de Auschwitz no solo es un recordatorio de los horrores del Holocausto, sino también una oportunidad para reflexionar sobre cómo construimos una sociedad que erradique el odio y promueva la inclusión. Es vital que esta conmemoración sea más que un ejercicio de memoria; debe ser un llamado a la acción, un compromiso real con las políticas públicas que prevengan la discriminación en todas sus formas.
Auschwitz fue el mayor campo de concentración y exterminio nazi durante la Segunda Guerra Mundial, ubicado en la Polonia ocupada por los alemanes. Entre 1940 y 1945, más de 1,1 millones de personas fueron asesinadas en este lugar, la gran mayoría judíos, pero también gitanos, prisioneros políticos, personas con discapacidades y otros grupos perseguidos por el régimen nazi. Auschwitz simboliza el extremo del odio institucionalizado, pero también cómo la indiferencia y el silencio de muchos contribuyeron a esta tragedia sin precedentes en la historia.
El Holocausto no comenzó con las cámaras de gas, sino con propaganda escrita y visual, mentiras, prejuicios y discursos que deshumanizaron a una comunidad entera. La indiferencia de las personas y la inacción de los gobiernos jugaron un rol clave en permitir que esas imágenes caricaturescas y palabras se transformaran en políticas de exterminio. Hoy, 80 años después, nos enfrentamos a una pregunta urgente: ¿hemos aprendido lo suficiente para que esto nunca más vuelva a suceder? Lamentablemente la respuesta es no.
Chile tiene la responsabilidad de aprender de esta historia. En un país laico, diverso, donde confluyen distintas culturas, religiones y tradiciones, es fundamental que el Estado asuma un rol activo en la promoción de la tolerancia y el respeto. Sin embargo, la legislación chilena sobre discursos de odio y discriminación aún es tremendamente insuficiente. La Ley Zamudio (Ley N.º 20.609), promulgada en 2012, aunque es un avance significativo, establece sanciones demasiado bajas y se centra en actos de discriminación individual, no abordando los discursos de odio que producen esa discriminación. Es decir, ataca el efecto, pero no la causa. De esta manera, nuestro país es una bomba de tiempo, tierra fértil para que prolifere el odio y la violencia hacia el que es distinto.
Por ejemplo, el artículo 31 de la Ley Zamudio permite a las víctimas de discriminación presentar demandas civiles, pero no establece sanciones claras para quienes promueven este tipo de narrativas. El Código Penal chileno por su parte, se limita a tratar como agravante la discriminación, pero tampoco sanciona la incitación a ésta.
Tras la masacre del 7 de octubre, los incidentes antisemitas en Chile han aumentado significativamente, y la falta de sanciones concretas y herramientas jurídicas claras para combatir el discurso en incitación al odio, constituyen un peligro inminente para nuestra sociedad, dando piso a quienes creen que deshumanizar, insultar y actuar en base a prejuicios es aceptable.
La lucha contra el odio requiere un compromiso político. Es fundamental que los líderes de todos los sectores condenen de manera transversal y sin ambigüedades cualquier manifestación de intolerancia y desprecio y trabajen para construir una sociedad más justa. En este sentido, la colaboración entre la sociedad civil, las instituciones educativas y el Estado es clave.
Al conmemorar el 80 aniversario de la liberación de Auschwitz, recordemos que la memoria sin acción es insuficiente. Honremos a las víctimas del Holocausto no solo con palabras, sino con hechos concretos que garanticen que tragedias como estas, nunca más tenga cabida en el mundo. Chile tiene la oportunidad de liderar con el ejemplo, demostrando que estamos comprometidos con un futuro donde la inclusión y el respeto sean la norma y no la excepción.
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