Adoptando verdades para reparar las mentiras

Se ha constituida la Comisión Investigadora sobre procesos de “adopciones” irregulares en la Cámara de Diputados. Hasta el momento, ha sido escenario de inquietantes testimonios de personas que buscan seres desconocidos pero relevantes para todos nosotros, tales como madres, hijos, hermanos, etc.

Ello porque en nuestro país, por un largo periodo de tiempo, hubo una práctica relativamente sistemática, de sustracción de menores al margen de procedimientos regulares, para entregarlos en adopción.

Fue así como guaguas recién nacidas fueron informadas como muertas a sus progenitores para luego entrar en un sistema de entrega a otras personas y así, finalmente a nuevos padres, éstos últimos en general, en desconocimiento de cómo se inició este proceso. Estos recién nacidos eran adjudicados tanto fuera como dentro de Chile.

Ahora bien, esta forma de sustracción, es uno de muchos métodos y el tema está siendo investigado por el Ministro Mario Carroza, quien ha iniciado un proceso que involucra pesquisas de, por lo menos, cinco mil personas.

Y las denuncias no se limitan a Santiago sino también en regiones, en las cuales otros magistrados se han sumado a tareas investigativas junto con la Policía de Investigaciones, Registro Civil y personal del Poder Judicial.

La y las redes que se investigan por su participación en eventuales ilícitos, incluyen servicios hospitalarios y en concreto, Hospitales, con nombres y apellidos.

También se investigan Notarios, jueces, personal del SENAME, Registro Civil, abogados, médicos, asistentes sociales, etc. Todos vinculados a un abusivo y lucrativo negocio que ya fue denunciado a inicios de los años 90 desde Suecia, y que redundó en que los protocolos de adopción fueses modificados en Chile y hoy, es prácticamente imposible que tales prácticas de produzcan.

No obstante lo anterior, ¿qué respuesta puede y debe darse a los afectados?

En primer lugar, conviene establecer los hechos ocurridos y asumir la verdad sobre una vulneración de derechos sistemática y a gran escala. Con esta claridad, mas allá de establecer las responsabilidades penales, la sociedad y el Estado podrá dimensionar la magnitud de esta aberrante situación.

En segundo lugar, conviene despejar la situación actual de los servicios públicos, redes privadas y protocolos de adopción para cerciorarse que estos hechos no volverán a repetirse. El resultado debe traducirse en un fortalecimiento del rol del Estado.

En tercer lugar, sería relevante contar con bases de datos de ADN y asumir de forma resuelta innovaciones en este campo, tanto para efectos de búsqueda de parientes, como también para ayudar en términos de políticas de salud pública.

Considerando lo anterior, saber si hubo o no violación de los derechos humanos por parte del Estado en este tema, es un debate que debe zanjarse al calor de este proceso.

Es debido a estas consideraciones que la continuidad que pueda proponer la Comisión investigadora, una vez establecido el rol de los servicios públicos en este escandaloso proceso de sustracción de menores, es la constitución de una Comisión Nacional que reciba los antecedentes de todos los y las denunciantes y publiquen en un informe final, un recuento de todos los afectados para conocimiento del país y la historia.

Esta Comisión perseguiría la finalidad de conocer la verdad de los denunciantes y acreditar que, en cada caso publicado, quede efectivamente acreditada la participación de agentes del Estado, en su condición de funcionario público.

Hasta el momento, no existen los antecedentes ni justificaciones posibles para algo de esta naturaleza, pero la Comisión investigadora podría ser un vital aporte a efecto de pronunciarse en torno a la responsabilidad del Estado.

Al mismo tiempo, el país cuenta con una valiosa experiencia a través de la Comisión Rettig y los informes Valech, creados mediante instrumentos jurídicos ad hoc a esta necesidad que permitieron comprometer recursos y acciones fiscales.

También contamos con una institución prestigiada y autónoma, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con sedes en todas las regiones, que podría servir para coordinar y cobijar el trabajo de esta Comisión y acercar la institucionalidad a la ciudadanía.

En suma, el caso de las adopciones irregulares nos permite reescribir un trozo de nuestra historia que deshonra al Estado y que pone de manifiesto, con elocuente claridad, el aprovechamiento, con rasgos de crueldad por parte de algunos, de la situación de pobreza de muchas familias y su desprecio por ellos.

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Edición
Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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