Hay que terminar con el Negacionismo

En todos los países que han sufrido períodos de gobiernos dictatoriales, suele quedar pendiente la manera en que “se restañan las heridas”, especialmente en la convivencia diaria, de los ciudadanos y, desde luego de los líderes de opinión. 

Por cierto, Chile no ha escapado a esa circunstancia, después de los 17 años de horror dictatorial. 

El abanico de negacionistas es amplio, va desde el Canciller, que pretende justificar la violación a los DDHH más esenciales, sobre la base “del contexto”, recurso de mala retórica, para no atenerse a los hechos, desde la perspectiva ética más básica, hasta las expresiones más grotescas, de un diputado provocador que, cada cierto tiempo, reivindica toda acción represiva, sobre la base de “la amenaza de la dictadura comunista”. 

Por cierto, no se debe olvidar al controlador del principal puerto del país, hoy en paro, que, ante la asunción de la Presidenta Bachelet, aseguraba que, si no les gustaba lo que ella hiciera, pese a ser elegida democráticamente, entonces “habrá que buscar otro Pinochet”. 

Desgraciadamente los ejemplos de este tipo no son pocos. A casi 30 años del retorno a la democracia, subsisten sectores, profundamente antidemocráticos que, añorando la dictadura, pretenden negar los hechos, acreditados por toda la comunidad internacional y sufridos por la inmensa mayoría de los chilenos. 

Por esto es que hemos aprobado, en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, de la Cámara de Diputados, de la cual soy miembro, normas que sancionan el negacionismo, como una forma de impedir que se siga distorsionando la realidad vivida, impidiendo a las nuevas generaciones, conocer la historia, de manera fidedigna y, tal vez lo mas importante, colaborar en el esfuerzo nacional por desarrollar cambios culturales que, efectivamente, avancen a un NUNCA MAS, en materia de vulneración de los Derechos Humanos básicos, bajo ninguna circunstancia, en ningún momento. 

El texto aprobado es claro “El que a través de cualquier medio justificare, aprobare o negare las violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, consignadas en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en el Informe de la Comisión Nacional de reparación y Reconciliación, en el Informe de la Comisión de Prisión Política y Tortura; y el Informe de la Comisión asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, serán castigados con la pena de presidio menor en su grado medio y multa de 40 a 60 unidades tributarias mensuales. 

La pena corporal asignada en el inciso anterior se aumentará en su grado y las multas se impondrán en su grado máximo, cuando las conductas se hubieren realizado por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de su cargo u oficio público durante el tiempo que dure la condena”. 

Es muy lamentable que, frente a esta posición, que concuerda con la conciencia universal, los representantes del actual gobierno y los parlamentarios de toda la derecha, sin excepción, se hayan negado a legislar en esta dirección, devolviéndonos la convicción de que sus compromisos democráticos son, no solo débiles, sino que, probablemente, inexistentes. 

Por nuestra parte, seguiremos en el esfuerzo por encontrar las condiciones para que los horrores vividos entre septiembre del 73 y marzo del 89, no se vuelvan a repetir en el país. 

Sin embargo, como siempre, las sociedades se desarrollan sobre la base de la relación entre coerción y consenso.

Es decir, la capacidad para ponerse de acuerdo en formas de relación comúnmente aceptadas y, en ausencia de ello, la dictación de normas que, imperativamente, obliguen a todos a mantener conductas que impidan, en este caso, negar hechos que repugnan la conciencia democrática y ética de la sociedad.

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Edición
Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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