La manta de la impunidad de la Iglesia Católica y su manual de uso
¡Qué semana!
Asistimos al contraataque de un monstruo. Acciones concertadas de una red de mafiosos operando dentro de una Institución muy cómoda con sus prácticas.
Además de lo obvio, agredir a los denunciantes y sus cercanos, lograr despidos, sembrar rumores sobre ellos y sus familias, amenazar con querellas y demandas para amedrentar a nuevos denunciantes. También utilizan las armas del siglo XXI enviando ejércitos de trolls en contra nuestra e intentan apropiarse de nuestras identidades digitales.
Repasando obviedades, mencionemos que la fiscalía denunció que existió ocultamiento de información por parte del Obispado de Valparaíso durante el allanamiento realizado a sus dependencias en septiembre, con una manta en un altillo escondieron documentación clave. ¡Qué metáfora!
Otra para el recuento, los Hermanos Maristas nos enviaron una carta a los sobrevivientes cargada de lenguaje pastoral elusivo en la que niegan la cultura del encubrimiento y evitan otra vez hablar de delitos. Una Congregación dispuesta a pagar por silencios, que sus propios voceros reconocieron en la prensa internacional, que por décadas sabían de los delitos y no los denunciaban. Todo salió a la luz pública pero ellos ¡se investigan a sí mismos y se declaran inocentes!
De estas joyitas hay una que destaca por sobre las demás. Cuando el cura Hasbún llega a declarar como imputado de encubrimiento, ante la pregunta de cómo está dice que feliz por el gol de la selección chilena de fútbol de la noche anterior.
Esta respuesta podría interpretarse como una salida ingeniosa ante preguntas incómodas de la prensa pero el asunto es mucho más grave: denota la banalidad con la cual los encargados de investigar dentro de la Iglesia Católica vienen tratando el abuso sexual infantil y demás violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte de agentes de la misma.
Y la guinda de la torta, en el juicio llevado adelante por los sobrevivientes de Karadima por responsabilidades de la Iglesia Católica el abogado de la Institución argumenta que no pueden cometer crímenes porque legalmente no existen.
Toda la estructura de la Iglesia en Chile se ha usado por décadas para encubrir y proteger a delincuentes sexuales. Es una frescura intentar eludir esa responsabilidad con resquicios que sólo ponen en evidencia otra vez que la única búsqueda que les anima es la impunidad.
Lo del “conflicto entre privados” es el argumento de las corporaciones para eludir pagar sus culpas, pero sobre el punto la jurisprudencia ya dictaminó y la responsabilidad Institucional existe cuando directivos usan estructuras y recursos institucionales con fines delictuales sin coto posible, tal y como ocurre en este caso.
Para seguir defendiendo ese punto la Iglesia tendría que querellarse contra los cardenales y obispos que mal usaron recursos. ¿Se imaginan algo así? Y de paso querellarse contra religiosos abusadores y sus encubridores por aprovecharse del cargo e investidura para violar los derechos humanos de quienes debían cuidar y estaban a su cargo. Pero claro, como la Iglesia chilena no existe ¡no puede!
Es el manual de la impunidad completo, ese que descubrió el FBI en Pensilvania.
Ante la avalancha de denuncias, investigaciones y sanciones por abusos sexuales y de conciencia perpetrados por sacerdotes, religiosos y religiosas, queda claro que operaron bajo la manta de la impunidad que les suministraron los superiores de congregación, directivos de colegios, obispos y cardenales. El Ministerio Público está trabajando en esa línea investigativa, pero toda la sociedad necesita contestar la pregunta que los sobrevivientes venimos gritando a diario. ¿Y ahora qué hacemos ante el horror? ¿Dónde y cuándo se imparte la justicia?
Hay dos propuestas concretas: convertir en ley el #DerechoAlTiempo que permita investigar y sancionar los delitos ya cometidos, no sólo los que están por venir y que el Presidente Sebastián Piñera entregue respuesta positiva a nuestra carta para la creación de una comisión que desde el Estado de Chile investigue las décadas de violaciones a los derechos humanos perpetrados contra niñes y adolescentes.
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