Ley de aborto y protección frente a la violencia sexual
El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y por eso es importante tener presente que desde hace más de 20 años la comunidad internacional repudia la violencia contra las mujeres por constituir una violación a los derechos humanos y los países han asumido mediante la firma de tratados internacionales obligaciones en materia de prevención de la violencia, investigación de los crímenes y sanción a los agresores, como asimismo en materia de protección y reparación a las víctimas.
En este ámbito resulta central destacar la importancia del proyecto de ley sobre aborto en tres causales que el Parlamento chileno analiza y la sociedad debate.
La violencia sexual es una de las manifestaciones más brutales de la violencia que se ejerce contra mujeres, adolescentes y niñas como resultado de las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres y frente a ella el Estado de Chile no solo tiene la obligación de prevenirla y de sancionar a los agresores sino especialmente de proteger y reparar a las víctimas. Permitir a las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia sexual la decisión de interrumpir el embarazo resultado de la violación hace parte de estas obligaciones de protección y reparación.
Legislar para permitir el aborto en caso de violación es un imperativo de derechos humanos y de democracia.
Por más de 25 años las chilenas hemos estado sometidas a una legislación punitiva que criminaliza el aborto en toda circunstancia y son muy pocos los países que castigan a las mujeres de esta manera pues en casi todo el mundo se permite el aborto a decisión de la mujer en el primer trimestre o por los menos en ciertas causales.
El proyecto de ley sobre aborto en tres causales que se debate en el Congreso Nacional hace casi dos años es parte del Programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet y la Nueva Mayoría, y responde a las obligaciones internacionales que Chile mantiene pendientes en materia de derechos humanos de las mujeres y las niñas, tal como los organismos de Naciones Unidas desde hace ya demasiados años vienen recomendando. Asimismo responde a las demandas de la ciudadanía que en un 70% apoya la legalización del aborto en estas tres causales, violación sexual, inviabilidad y riesgo para la mujer embarazada.
Por ello preocupa el retraso con que el Parlamento enfrenta este debate y las resistencias conservadoras que se han evidenciado durante la tramitación.
Chile es un país laico y las creencias morales y religiosas de los legisladores no pueden ser el fundamento de las leyes que se dictan pues senadores y diputados han sido elegidos para representar a la ciudadanía, no por sus creencias morales personales.
El Estado debe proteger a las niñas y mujeres víctimas de la violencia sexual y no incrementar su sufrimiento como es en la actualidad en que se impone, bajo la amenaza del castigo penal, la continuidad forzada del embarazo. El Estado no puede imponer una nueva violencia, un nuevo castigo a quienes ya han sufrido la brutalidad de la violencia sexual.
Por esto, con ocasión de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres el llamado a las autoridades del Gobierno y al Parlamento es a priorizar el debate y aprobación de una ley de aborto que permita a las mujeres decidir por si mismas y protegerse de la violencia sexual.
Garantizar los derechos de mujeres y niñas es urgente y no puede relativizarse frente a las diferencias políticas que existan al interior de la coalición de Gobierno.
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