Libertad de expresión y justicia militar

Este jueves debo concurrir a declarar a la Justicia Militar, la que desea que les revele los nombres de quienes me entregaron los detalles de las defraudaciones por diez millones de dólares cometidas en el Ejército con fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre, en el llamado “Milicogate”.

Por cierto, jamás revelaré mis fuentes, derecho que garantiza la Ley de Prensa y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este es un principio y derecho básico del ejercicio del periodismo, sobre todo en democracia.

El fiscal militar Roberto Acevedo, en la causa 1920-2015 de la IV Fiscalía Militar, utiliza una serie de excusas para desafiar estos derechos legales, universalmente reconocidos. Arguye que la Justicia Militar tiene derecho a saber quiénes filtraron documentos sobre compras de armas, pese a que esos textos circularon públicamentre por decenas de manos.

El fondo del asunto es que las millonarias defraudaciones con los fondos del cobre fueron posibles durante años justamente porque no hubo ningún control civil sobre las millonarias compras de armas que realizaron las Fuerzas Armadas desde el retorno a la democracia. La acción de la Justicia Militar persigue volver a construir ese muro de silencio, coartando el periodismo de investigación.

Sólo entre los años 2000 y 2015, unos 20.000 millones de dólares fueron destinados a la compra de armas, cifra con que el país pudo financiar la construcción de 30 hospitales, mil colegios, 35.000 viviendas sociales y 500 farmacias populares, además de toda la reforma educacional.Esos irracionales 20.000 millones de dólares equivalen también a más de 150 veces el presupesto que el Estado invertirá en Cultura en todo el año 2016.

Estos fondos, en otras palabras, pudieron cambar el rosto social de Chile, entregando educación y salud de calidad. Pero no, todo se gastó en armas, sin que hubiera ninguna discusión democrática sobre ello.

Son cifras enormes que jamás fueron informadas a la ciudadanía, ni al Congreso. Todo está regido por la ley 13.196, una norma secreta que ni siquiera puede ser leída por los chilenos. Este escándalo político es lo que fue puesto en denuncia desde julio.

Un periodismo libre y resguardado es esencial para el fortalecimiento de la democracia. Es un severo revés para el Estado de Derecho el que los militares crean que tienen derecho a investigar las fuentes de los medios de comunicación.

Pero más grave aún es la inacción de las autoridades que han guardado silencio sobre los gastos en armas, sobre la corrupción y sobre el intento de la justicia castrense de develar las fuentes de una investigación periodística.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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