Los límites de la democracia

Mariana Zegers

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Cinco gobiernos latinoamericanos se han puesto de acuerdo a espaldas de la opinión pública, con el objeto esta vez no se de coordinar una operación represiva y criminal 

transnacional como fue el Plan Cóndor que operó en el Cono Sur en la década de los setenta; pero sí de cuestionar y debilitar el rol y potencial impacto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Bajo el supuesto respeto de autonomía de los países, se solicita a la Comisión Interamericana de DDHH  “no invadir las competencias de los Estados” en la protección de derechos. 

Si bien resulta preocupante, no es de sorprender. Todos estos gobiernos tienen serios problemas de derechos humanos y/o han recibido críticas y recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). 

En el caso brasileño, cabe recordar que tras una visita en noviembre del 2018 los organismos manifestaron observar el “alarmante crecimiento de un ambiente de discursos que distorsionan, desprestigian y estigmatizan el papel y la función de los derechos humanos para la sociedad". En el documento elaborado tras la visita, la CIDH pide acciones urgentes contra "las violaciones de derechos y los discursos de odio", así como ante "los ataques a la libertad de expresión que afectan a la prensa, académicos y organizaciones sociales". 

Situación similar se plantea en el caso colombiano, ya que tras un trabajo en terreno efectuado en enero de 2019, la CIDH indicó que “reafirma su preocupación por la grave situación de violencia contra las defensoras y los defensores de derechos humanos y líderes sociales en el país”, entregando al Estado de Colombia una serie de recomendaciones.

En cuanto al Estado de Chile, lo más reciente se centra en la indicación de la Corte IDH  para que se anule el fallo a los comuneros mapuches Aniceto Norín, Pascual Pichún, Víctor Ancalaf, Florencio Marileo, Juan Marileo, José Huenchunao, Juan Millacheo y la activista Patricia Troncoso, condenados por la “Ley Antiterrorista”, que la Corte cuestionó por violar el principio de legalidad, el derecho a la presunción de inocencia, el principio de igualdad y no discriminación y el derecho a la igual protección de la ley en beneficio de las víctimas. 

A ello se suma el reciente llamado del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas a intensificar la búsqueda de detenidos/as  desaparecidos/as.

Según las comisiones de Verdad, de 1193 personas detenidas desaparecidas en dictadura un 87% permanece en esta condición, a casi 46 años de ocurrido el Golpe de Estado (Fuente Noticias INDH).

A su vez, solicitó  evitar atenuantes o beneficios penitenciarios en las condenas por desaparición forzada reiterando lo ya señalado con anterioridad por el sistema internacional de derechos humanos: las penas deben ser proporcionales a la gravedad del delito. 

Este actuar de los cinco gobiernos a través de su declaración no sólo es un duro golpe para las víctimas de violaciones a derechos humanos en nuestro continente, pues busca socavar la independencia y autonomía de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y a la vez, no cumplir con las resoluciones planteadas por sus organismos.

El proceder, encabezado sigilosamente por Chile, y que no fue debatido previamente en el país, desconoce el aporte de este sistema en garantizar el ejercicio de los derechos humanos y combatir la impunidad en momentos de fuerte represión estatal y conflictos armados internos, y en casos de violaciones individuales de derechos humanos, que han vivido distintos países del continente. 

El sistema, además, ha permitido que las víctimas cuenten con un mecanismo independiente de protección con capacidad de garantizar la verdad,  justicia, reparación y la no repetición de los hechos, sobretodo frente a Estados que no han investigado las violaciones de derechos humanos cometidas en sus países.

A partir de 1975, con Pinochet y la DINA a la cabeza, se dio inicio al conocido Plan Cóndor, cuyas víctimas hoy se contabilizan por decenas de miles. Ciudadanos y ciudadanas de este continente a quienes se les ha denegado justicia en sus países, a los cuales  se suman nuevas víctimas de Estados que aún vulneran los derechos de sus ciudadanos.

Esta  realidad exige contar con un Sistema Interamericano fuerte, independiente y autónomo, que dé garantías a quienes han enfrentado violaciones a derechos humanos en la región. El actuar de los cinco países mencionados lo que busca es condicionar al mecanismo en base a intereses propios que vulneran los derechos de las víctimas; entre ellos el derecho a la verdad, la justicia y la reparación.  

Este tipo de alianzas intergubernamentales no hacen más que sostener un modo de hacer política que la ciudadanía rechaza desde hace tiempo.

Aquella política de gobiernos de turno y no de Estados, aquella política que se realiza en las esferas del poder, entre cuatro paredes, con un grado mínimo de representatividad y total ausencia de deliberación.

En estas circunstancias, y con varios parlamentarios acomodados durante casi dos décadas en sus puestos de poder, cabe preguntarse por las condiciones de nuestra democracia, incluso por las condiciones de una supuesta república, con un Estado sumamente disminuido, recursos privatizados, escasa protección social y una democracia indirecta, cuyos representantes en el parlamento no representan los intereses de sus circunscripciones, de la mayoría de sus habitantes, sino que se corrompen resguardando los intereses de grandes poderes económicos corporativos, de carácter transnacional, en cuyas manos descansa un futuro a todas luces poco prometedor para toda la humanidad.