Maduro y los DD.HH.: arcaísmos y propaganda
Aunque el Imperio Romano de Occidente cayó oficialmente en el año 476, cuando el hérulo Odoacro depuso al último emperador Rómulo Augústulo y se autoproclamó rey de Italia, en la Galia noroccidental sobrevivió un enclave remanente alrededor de la ciudad de Soissons (Novidunum) conocido como reino de Siagrio. Durante una década, hasta su derrota y absorción por los francos de Clodoveo, el territorio heredado por el hijo del comandante nombrado oficialmente por la antigua metrópolis retuvo parte de la legitimidad de esa romanidad extinta en la Pars Occidentalis. Una reliquia de soberanía romana, una estructura política arcaica.
Para la lingüística, un arcaísmo es un elemento socialmente obsoleto -anticuado- usado habitualmente en tiempos pasados, aunque de utilización actual marginal, reducida a contextos específicos. A pesar de haber sido superado, bajo ciertas circunstancias jurídicas o religiosas puede revivirse su uso. Es lo que pienso ocurrió hace unos días cuando se supo que Nicolás Maduro, juramentado el año pasado por tercera vez presidente de Venezuela, después de unas elecciones de escrutinio desconocido, llamara por teléfono al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y el alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, para demandar mayor compromiso en la garantía de derechos humanos a venezolanos trasladados por la fuerza, y sin el debido proceso, a un centro penitenciario de El Salvador. Caracas declaró que buscaba "asegurar la liberación inmediata y sin condiciones de los 238 compatriotas injustamente detenidos".
Confieso que la noticia me causó sorpresa, y que no se me malinterprete, no tengo ninguna duda que la situación descrita es, por decir lo menos, contraria a derecho. El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) es una cárcel de máxima seguridad ubicada en Tecoluca, utilizada para recluir a miembros de peligrosas pandillas Mara Salvatrucha 13 y Barrió-18, sobre la que pesan acusaciones de deprivación integral y maltrato a los reclusos.
Apenas un par de semanas después que la nueva administración Trump fuera inaugurada, Nayib Bukele se reunió con el secretario de Estado, Marco Rubio, para ofrecerle recibir allí a "criminales estadounidenses peligrosos [convictos]" a cambio de una tarifa (6 millones US$). El 15 de marzo de 2025 y bajo a consigna de "tercer país seguro" -aunque sin la protección internacional que dicha condición supone- Washington anunció que deportaría a pandilleros del Tren de Aragua al CECOT salvadoreño resucitando el expediente de las Leyes de Extranjería y Sedición de 1798 -otro arcaísmo-, que contempla la expulsión inmediata sin defensa legal alguna. Y aunque el juez del distrito de Columbia James Boasberg ordenó detener dichas deportaciones, 238 presuntos miembros del Tren de Aragua y 23 de la MS-13 fueron llevados a El Salvador. Bukele no explicó la norma que le permite recluir a los deportados, con un Legislativo salvadoreño que no aprobó ningún acuerdo que lo consienta.
Pero lo sorprendente es que es el propio Nicolás Maduro, categórico detractor de los informes de la Comisión de Derechos Humanos dirigida por Michelle Bachelet, presentados entre 2019 y 2022 sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela -respaldados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas- hoy recurra a dicho organismo. El trabajo del mismo denunció vulneraciones a los derechos fundamentales por parta de las fuerzas de seguridad venezolanas contra opositores políticos, militares y sociedad civil, así como torturas y tratos inhumanos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas consignadas desde 2014. La tarea al respecto del sucesor en el Alto Comisionado, Volker Türk, tampoco ha tenido una mejor recepción. De hecho en la actualidad existen casos de activistas de derechos humanos acusados de terrorismo, como Rocío San Miguel, quien fue detenida hace 13 meses y cuyo inicio de juicio ha sido aplazado en 3 ocasiones.
Llama la atención, porque uno podría pensar que Venezuela se había terminado de adaptar a la postura de sus aliados y patrocinadores euroasiáticos quienes el 4 de febrero de 2022 declararon que rechazaban toda "injerencia en los asuntos internos de estados soberanos con el pretexto de proteger la democracia y los derechos humanos". Con ello la supuesta universalidad de los derechos humanos una vez más fue repelida en pos de objetivos nacionales.
Desde luego este no es ni de lejos el único caso, en otro orden y latitud despuntan otras flagrantes contradicciones. Es el caso de varios gobiernos archiconservadores y populistas que han reinstalado una taxativa división entre política interna y externa. Así se explica el anatema político de Netanyahu sobre la variopinta izquierda israelí (a la que considera antipatriota por su voluntad de diálogo con el mundo árabe) lanzado en 1997 durante su primer mandato; "la izquierda ha olvidado lo que es ser judío, piensan que nuestra seguridad se pondrá en manos de los árabes, que los árabes se ocuparán de nosotros y que tendrán parte de la tierra". Dos décadas después el premier israelí no reparó en cultivar una relación privilegiada con líderes a quienes poco preocupó ciertos visos de anti-semitismo en la historia nacional reciente de su país.
Es el caso del primer ministro húngaro, Víctor Orbán, quien en 2016 erigió una estatua de György Donáth, congresista impulsor de legislación judeofóbica en la Hungría de la Segunda Guerra Mundial, asegurando que haría otro monumento de Bálint Hóman, legislador que habría incidió en la deportación de 500 mil judíos húngaros según el presidente del Congreso Judío Europeo, Moshe Kantor.
El caso del Madurato también es singular. A pesar que sus contrapartes iliberales -en algunos casos francas autocracias- convergen en temas como la cooperación para el desarrollo o el reemplazo del multilateralismo liberal por un multi-polarismo de esferas de influencias -desdibujando los ejes de izquierdas y derechas globales e ignorando la legitimidad popular en el acceso y preservación del poder en función del valor supremo de la sobrevivencia política-, en el madurismo todavía parece persistir el remanente pretérito de una experiencia que una vez aspiró a constituirse en democracia participativa y protagónica afín a la nueva izquierda del siglo XXI: un arcaísmo.
El bolivarianismo chavista original (1999-2013) tenía una contundente narrativa respecto a los derechos humanos, bajo el prisma de una inclusión económica, social y cultural, que pasado un cuarto de siglo después tiene su más categórica deriva en la cifra de quienes huyeron del país: 7.890 mil según datos de la Plataforma Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V). Las personas que migraron en condición irregular en un proceso no voluntario, quedan así gravemente expuestos a riesgos de explotación laboral, trata de personas y violencia de género.
La inflexión discursiva podría ser por pura intención de congraciarse a través de su propaganda con aquellos partidos y movimientos sociales, que desde diversos rincones de la región latinoamericana continúan demandando respeto a los derechos humanos, por una parte, y defendiendo al régimen venezolano por otra. Una combinación que tiene al sesgo antiestadounidense de firme epoxi.
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