Mujeres migrantes en Chile: desigualdades y discriminaciones en su inclusión

Caterine Galaz

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El exponencial incremento de movimientos poblacionales dentro de Latinoamérica y el liderazgo de las mujeres en estos flujos migratorios han ido modificando significativamente los escenarios sociales de nuestra región y nuestro país en particular. El proceso de feminización a nivel latinoamericano no sólo se observa en la cantidad de mujeres que se desplazan desde sus países de origen hacia otras naciones en busca de mejores perspectivas de vida, sino también en cómo este proceso rompe con la idea de que las mujeres eran solamente acompañantes de parejas o familias y no participaban en las decisiones del proyecto migratorio. Existe evidencia de que el aumento en la participación sociolaboral de estas mujeres ha tenido impactos, los cuales se derivan del envío de remesas a los países de origen.

Desde la década de los '90, Chile se ha convertido en un horizonte de instalación para personas provenientes de países latinoamericanos y Centroamérica. En estos procesos de asentamiento, se observa un entrelazamiento de factores de diferenciación en relación con la condición de extranjería, género, clase, etnia y edad, entre otras variables.

Asimismo, el movimiento de mujeres -desde sus países de origen- genera lo que se conoce como "cadenas globales de cuidado2. Por un lado, muchas de ellas se dedican al trabajo de cuidado en los países receptores, dejando a sus hijos e hijas al cuidado de otros/as familiares en su lugar de origen. Al mismo tiempo, se establecen relaciones de cuidado a distancia o transnacionales mediante el uso de medios tecnológicos. Es importante destacar que aquellas mujeres migrantes que se trasladan con hijos/as no cuentan con redes de apoyo familiar o social que les permita reafirmar los cuidados de éstos/as para poder acceder al mercado laboral. Por ello, algunas derivan en empleos transitorios o actividades de autogestión. Asimismo, en general, los sistemas de apoyo o de promoción social a nivel gubernamental no siempre les benefician, ya que no suelen ser consideradas como público objetivo al ser extranjeras, o bien, porque los horarios no son compatibles con los trabajos formales a los que pueden acceder.

La población migrante en Chile tiene serias dificultades para el acceso igualitario a la oferta programática del Estado, sobre todo en vivienda, salud, trabajo y educación, sumadas a condiciones precarias de tipo estructural, acentuadas con la pandemia de Covid-19.

Parte de las mujeres migrantes en Chile son direccionadas a ciertos nichos laborales por la combinación de su género y nacionalidad. Es decir, que por el hecho de ser mujeres y por ciertos estereotipos sobre algunas nacionalidades son dirigidas a algunos nichos laborales específicos, como trabajos de casa particular, limpieza, servicios (restaurants, gasolineras, etc.), estética, cuidados de terceros y labores agrícolas, independiente de su nivel educativo.

Hay que señalar que no siempre las mujeres con mayores estudios logran insertarse en sus especializaciones ya que, en su mayoría, presentan dificultades para convalidar sus estudios.

Con la pandemia, creció el emprendimiento de mujeres migrantes al verse expulsadas de sus nichos laborales precarizados y por llevar, preferentemente, las labores de cuidado de niños/as. Esta especificación del trabajo a menudo se vincula con la precarización laboral, pues se insertan en sectores menos favorecidos social y salarialmente, con jornadas poco regulares, trabajos temporales y con mayor riesgo de enfrentar maltrato, xenofobia y racismo. Por lo tanto, esta precarización se traduce en diferencias en su jornada laboral, en el nivel de ingresos, en las vías de remuneración, en problemas para el pago de cotizaciones, en ausencia o distinciones en el contrato laboral y en falta de vacaciones y días de descanso, en algunos casos, entre otros aspectos.

De ahí que se vuelva relevante tomar en consideración estas desigualdades y visibilizar las barreras que enfrentan estas mujeres, con el fin de encauzar acciones públicas que apunten a su inclusión social efectiva, lo que implica no sólo un trabajo del gobierno de turno, sino también de la sociedad civil, entidades internacionales y el sector privado.