Para que la canción no se haga ceniza

Jorge Muñoz Arévalo SJ

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“A veces, pasos días sin comer, otros con mate y un pedazo de pan. En las mañanas, me aislo de la gente y hasta de mi familia. Sé que no causaron la detención de mi hijo, que no tienen culpa de nada, ni siquiera yo o mi hijo... él solo hizo uso de su derecho, se manifestó, expresó su sentir, ahora todo depende de un juez” (mamá de un detenido).

El 18 de octubre de 2019 ocurrió el Estallido social. Ese fue el inicio, pues con los días nos daríamos cuenta de que no era algo momentáneo, puntual, sino que, efectivamente, una inmensa mayoría parecía que se cansaba de vivir de una manera que dejaba a muchas personas atrás. Pretendíamos estar avanzando rápidamente, alcanzando índices envidiables, orgullosos de nuestra distinción. Un país exitoso. Sin embargo, esa tranquilidad escondía una enorme cantidad de descartados, de miles que iban quedando por el camino. Eso fue lo que hizo explosión. Era algo insostenible.

Las formas en que se expresó son muy discutibles. No defiendo ni estoy de acuerdo con la violencia, la rechazo absolutamente. Creo que debemos rescatar toda la virtualidad de la No Violencia Activa; tal vez, podemos volver a aprender de ella y sorprendernos de lo que consigue.

En las manifestaciones, ciertamente, hubo muchos daños en la infraestructura, en los servicios, en la tranquilidad para ir a trabajar. Pero eso es reparable. Todo daño material se puede reparar. Algunos son más costosos que otros, pero son daños reparables.

Los que quizás nunca se reparan son los daños personales. Sin duda, lo que más duele son todas las vidas perdidas. Eso deja un dolor muy difícil de sanar en las familias. Junto con ello, lo que deja huellas imborrables son las mutilaciones: muchas personas perdieron la vista, otras perdieron algunos de sus ojos, y otras, sufrieron grandes heridas que las acompañarán por mucho tiempo.

No obstante, no solo están los fallecidos, los que sufrieron mutilación, los que quedaron sin trabajo, los que vivían con angustia cada día sin saber lo que les esperaba.

Están todos aquellos que, por atreverse a manifestarse, padecen el encono del sistema. Los centenares de detenidos que están siendo utilizados como disuasivos para quienes quieran imitarlos. Una cosa es recibir el castigo justo que merece una acción, y otra, que ese castigo sea absolutamente desproporcionado o derechamente injusto.

Según un reportaje publicado por CIPER el 22 de julio de este año, Balance penal del Estallido, el gobierno informaba que hasta el 7 de julio pasado había presentado acciones judiciales contra 3.274 personas (1.914 querellas) acusadas de cometer eventuales delitos violentos durante las protestas.

De ellas, un 55% (1.054) se basan en la Ley de Seguridad Interior. A la fecha indicada, 497 personas seguían detenidas, de las que 216 están bajo arresto domiciliario.

Haciéndose eco de lo que los familiares de estos detenidos relatan y de la lectura de otros informes, son varios los puntos implicados.

Primero, un actuar irregular de carabineros, lo cual constaría de violencia desmedida en manifestaciones públicas con consecuencias gravosas (heridas y mutilaciones); violencia sexual hacia mujeres, niñas y minorías sexuales; detenciones irregulares faltando a protocolos legales con prácticas de torturas y secuestro en algunos casos y presiones a personal médico con la finalidad de acelerar detención de manifestantes heridos.

Segundo, el retraso por parte de jueces para efectuar enjuiciamientos y fallos con respecto a denuncias de vulneración de DDHH de parte del Estado chileno, privilegiando el uso excesivo de medidas represivas amparados bajo la Ley de Seguridad del Estado.

Tercero, la predominancia de las decisiones e indicaciones estipuladas por el Poder Ejecutivo, sin respetar los límites de la democracia, frenando el actuar adecuado e igualitario de los otros dos poderes del Estado. En este sentido, se denuncia que el Congreso no ha cumplido su rol fiscalizador y de igualdad ante la ley.

Cuarto, el uso indiscriminado de la prisión preventiva, lo cual se conjuga con una dilatación excesiva de sentencias y fallos, alargando innecesariamente la estadía en prisión de centenares de personas, como también, extendiendo períodos de investigación de miles de personas que se encuentran bajo medidas cautelares menos gravosas como el arresto domiciliario.

En tiempos que son convulsos, y en los que hay un ansia de justicia que nos dé paz, el actuar del Congreso, del Poder Judicial y del Ejecutivo, debe ser cuidadoso y transparente. En este tema eso está al debe.