Hace más de 20 años nos comprometimos como país con la infancia, al firmar la Convención de los Derechos del Niño el 26 de enero de 1990. Hoy, con el paso de los años, nos hemos dado cuenta de la gran deuda que tiene el Estado con nuestros menores. El sistema de protección a la infancia, a cargo del Servicio Nacional de Menores hoy sólo sobrevive, con una gran falta no sólo de profesionales, sino también de financiamiento.
Por los medios de comunicación nos hemos enterado permanentemente de las evidentes y escandalosas falencias que se viven al interior de los centros de menores; por lo tanto, urge la necesidad de reestructurar el sistema de protección especial de la niñez. Me atrevería a afirmar que no existe ningún ciudadano que no sostenga la importancia de reformar este sistema, donde es imperante separar la institucionalidad del Sename en dos servicios independientes, uno dedicado a atender al grupo de niños y niñas en conflicto con la justicia, y otro a aquellos que han sido víctimas de graves vulneraciones.
Pero eso no es todo, a lo anterior, debemos sumar la crisis económica que vive la institucionalidad, donde sin el financiamiento adecuado, difícilmente se pueden lograr los objetivos.
En una publicación del Centro de Investigación Periodística (CIPER) se dio a conocer la alarmante cifra relativa al caso de un niño abandonado, señalando que el Estado está pagando alrededor del 60% de lo que se necesitaría para brindar una atención de calidad, y para casos de mayor complejidad, se está pagando cerca de un tercio, lo que llevado a números implicaría que si el Sename paga 150 mil pesos mensuales por atender a un niño abandonado, lo adecuado sería pagar 250 mil. Y en el caso de los niños más dañados, por los cuales se cancela 197 mil, lo correcto sería desembolsar alrededor de 600 mil pesos.
Por cierto, no todo se resuelve con ello, se requiere además una mayor transparencia en los procesos internos de la institución, incluyendo licitaciones, adjudicaciones, nombramientos de autoridades y contratación de profesionales y técnicos. Éstos últimos son muchas veces los que, si bien hacen esfuerzos sobrehumanos por aminorar el daño estando a cargo de una de las tareas más complejas en materias de salud y desarrollo infantil, la de reparar historias de abuso, al estar inmersos en un sistema perverso, se ven sobrepasados en su voluntad.
Finalmente, si bien la crisis del Sename tiene sus cimientos en su estructura interna y financiamiento, para lograr la atención de calidad que tanto necesitan nuestros niños, esos niños que han visto vulnerados sus derechos más esenciales, debemos brindarles un cuidado ético, donde el centro sea el niño, sus necesidades, sus vínculos, y desde una relación profundamente respetuosa, desde el buen trato y la preservación de derechos íntegros para quien es más indefenso, donde el adulto a cargo es el Estado.
Hoy es tiempo de actuar, porque tal como señaló Gabriela Mistral, “el futuro de los niños siempre es hoy, mañana será tarde”.
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