Toda violación es un acto violento

La diputada UDI y miembro de la Comisión de Salud, Marisol Turres, en el contexto de su argumentación para justificar su voto en contra  a la despenalización del aborto en casos de violación, hizo declaraciones que despertaron con fuerza y de manera inmediata  la molestia de numerosos sectores de la ciudadanía. Literalmente, la diputada expresó.

"… La dignidad de una mujer no se pierde por el hecho de tener un embarazo no deseado. La dignidad de una mujer no se pierde por el hecho de ser violada (...) hay violaciones violentas y otras que no son violentas."

Posteriormente a estos dichos, la diputada se vio en la infructuosa necesidad de aclarar que hacía referencia a aquellas violaciones  que "no dejan marcas físicas” y que, por ende, son más difíciles de probar.

Se agradece la aclaración de la diputada Turres. No obstante,  es imperioso explicarle a ella -y a todos quienes no hayan visto mayor problema en sus palabras- algunas cosas que se pueden desprenden de sus dichos. Se trata de argumentaciones  que  debemos exponer  por consideraciones éticas y por respeto a las sobrevivientes y  potenciales víctimas de violencia sexual. Y para remarcar, una vez más, que hay que ser muy cuidadosa con las palabras que se expresan cuando se ocupa lugares de poder e influencia.

Una de las mayores dificultades para poder otorgar justicia en estos casos de violencia sexual, es  la dificultad de validar como tal toda violencia ejercida y no sólo aquella que se plasma en el cuerpo con evidencia concreta de los actos agravantes. La violencia que se plasma en la experiencia también es real y concreta. Y tremenda.

En este sentido, es deber aclarar que se trata de una  violación aun cuando no hayan golpes o acciones que dejen marcas corporales, aún cuando no haya reducción física, aún cuando no haya resistencia, aún cuando haya un consentimiento, siempre y toda vez, que ese consentimiento no haya sido libre y se actúe bajo coacción o cualquier tipo de abuso de poder.

Es decir, toda violación supone, en su concepción y en su acción, violencia y desconfirmación, pues prescinde del consentimiento libre de una de las partes.

Por lo mismo, cuando la diputada dice que habría violaciones no violentas, no solo permite suponer ignorancia sobre una problemática de la que debiese tener conocimiento al ser parte de la Comisión de Salud (razón por la cual posee millonarias asignaciones para pagar asesores expertos en las temáticas que ella podría no dominar de antemano) sino que comete un contrasentido que, en su estructura, se constituye en un acto de potencial violencia contra las víctimas.

Pese la aclaración de la diputada Turres, las concepciones que devienen de sus dichos generan confusión, desinformación y no visibilizan esta realidad. Se trata de concepciones que también hemos escuchado de diversos integrantes de la clase política y religiosa de Chile.

Estas palabras representan un discurso que minimiza la violencia sexual y sus efectos, razón por la que hasta el día de hoy los avances en estas materias son tan lentos. Y razón por la que el silencio parece seguir siendo el mejor aliado para las víctimas dejadas en total exposición y desprotección.

¿Cómo es posible que como sociedad sigamos condenando a las víctimas al silencio por el hecho de enfrentarse con una sociedad y con representantes que desmienten, sospechan , justifican y minimizan sus dolores?

¿Sabrá la diputada que gracias a esas creencias hay niñas, niños y mujeres que no son capaces de definir que fueron sujetos de violencia sexual aún cuando fueron víctimas, y sólo lo pueden hacer mucho tiempo después?

¿Sabrá que eso es posible, justamente, porque nuestra sociedad tiende a dar descrédito y a minimizar los actos, poniendo siempre énfasis en la responsabilidad y culpa en la víctima?

Sabemos que los efectos de la violencia son diversos. Pueden ser vividos de manera traumática evidente e inmediata. Con efectos posteriores o retardados en el tiempo. Tener consecuencias en dimensiones irrecuperables y en otras recuperables. Simbolizables o no simbolizables. Consecuencias conscientes o inconscientes. Pero sin duda, es una experiencia que dará un giro a la vida de quienes la han padecido. Es un quiebre. Como  todo quiebre es violento. La manera en que se tramite esta experiencia no será independiente del contexto en que su tramitación subjetiva se haga posible.

La diputada nos dice que la dignidadde una niña o mujer violada no se pierde en un caso de violación. Esto es, sin duda, cuando consideramos la dignidad en abstracto como una cualidad propia de todo ser humano.

No obstante, el sufrir un acto como éste la hace ser tratada de manera indigna por el otro. Este acto la mella y la saca de su lugar de sujeto para ponerla en un lugar de objeto. Eso le otorga un estatuto de indignidad, humillación y falta de reconocimiento que, además, es reforzado cada vez que alguien lo invisibiliza.

Las palabras de la diputada hacen eso, en vez de restituirle la dignidad y reconocimiento de su lugar de víctima (al buscar, a lo menos, justicia), la invisibiliza. Recordemos que todo acto de reparación busca esta restitución ya que es, ante todo, un acto de reconocimiento. Que alguien que legisla desconozca esta situación es, a lo menos, preocupante.

Aquí, resalto el contexto en que estas declaraciones fueron dichas. La diputada plantea que al ser difícil comprobar un acto de violación cuando no hay evidencia física del acto, quedaría abierta la posibilidad del engaño.Esta argumentación ponen en cuestión una situación que debemos resaltar hasta que deje de ser invisible: la dimensión de la sospecha.

En este país (y no solo en este país), toda víctima de violencia sexual se ve situada en el lugar de la sospecha: por los legisladores que deben legislar para restituirle los derechos perdidos, por el sistema judicial que debe ampararla y por la sociedad ciega a sus propios actos de discriminación.

Esto es impresentable. No se puede partir en base del supuesto engaño de una víctima sobre hechos  tan nefastos. Como en ningún otro caso delictual, la sospecha recae sobre la víctima y no sobre el victimario. Sospecha en sus intenciones, sospecha en su palabra.

Como sociedad, no podemos permitirnos seguir naturalizando prejuicios discriminatorios ni impunidad. No podemos,  mantener un sistema que redobla la violencia en las víctimas.

No podemos, como ciudadanas y ciudadanos seguir amparando discursos que ponen en cuestión las voces acalladas de las víctimas. Tenemos una gran deuda. Espero podamos saldarla algún día.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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