El pensamiento mágico y el retiro de los fondos previsionales

En una extraña operación argumentativa, desde algunos actores que se oponen o cuestionan el sistema de AFP, han comenzado a surgir iniciativas que buscan la posibilidad de que los cotizantes retiren sus fondos previsionales bajo determinadas condiciones.

La primera promueve la interposición de recursos de protección en las distintas Cortes de Apelaciones del país, por parte de cotizantes reclamando la entrega de sus fondos, argumentando que la restricción al retiro viola el ejercicio efectivo de su derecho de propiedad sobre los mismos.

Esta iniciativa ha adquirido renovada notoriedad, a partir de la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta de solicitar al Tribunal Constitucional un pronunciamiento en la materia respecto de uno de estos recursos.

La segunda surge de dos diputados que han anunciado la presentación de una indicación al proyecto de Reforma Previsional para que las personas en edad de jubilar puedan retirar un porcentaje de sus fondos previsionales con el fin de cubrir deudas hipotecarias, lo que podemos suponer generó más de una sonrisa entre los Bancos.

Ambas iniciativas poseen la extraña particularidad de consolidar y afirmar el pilar central del sistema que declaran cuestionar. Están fundadas en la mágica idea de que, remando a la derecha, el bote puede girar a la izquierda.

El sistema de AFP tiene dos pilares fundamentales: la administración de los fondos de los cotizantes por parte de instituciones financieras privadas con fines de lucro, y la capitalización individual.

Alrededor de ellos se construyen los otros componentes del régimen, la rentabilidad de las AFP independiente de la suerte de los fondos de los trabajadores, el permanente y creciente subsidio del Estado a las pensiones de quienes no cuentan con ahorros suficientes para financiar la propia, el traspaso amplificado de todas las discriminaciones posibles del mercado laboral (por razones de género, clase, nivel educacional, entre otras) a la pensión resultante, la inseguridad de los ahorros previsionales sujetos a la voracidad de los mercados financieros, por nombrar algunas.

Lo único que mantienen las AFP en común con un sistema de seguridad social es la cotización obligatoria y el uso definido de los fondos para fines previsionales.

¿Cómo se pretende terminar con ese sistema, reafirmando como dogma su pilar central, que es la capitalización individual?

¿Cómo se pretende avanzar en lógicas solidarias intra e intergeneracionales si el caballito de batalla es concretar la promesa de propiedad de los fondos? 

Ante esto aparece el argumento de que en realidad no se pretende que las personas retiren sus fondos, sino que “dar una señal” o “demostrar” que la promesa de la propiedad individual es falsa.

Curioso razonamiento, porque implica tácitamente que se interponen los recursos de protección con la expectativa razonable de perderlos y sobre esa pérdida afirmar una crítica al sistema, denunciando su incoherencia. ¿Comparten los recurrentes esa estrategia?

Si uno toma la sana medida de creer que las personas que realizan una acción judicial piden de buena fe lo que piden, estamos ante recurrentes que probablemente piden retirar sus fondos…por la simple razón de que desean retirar sus fondos.

¿Es esa una agenda que fortalece la seguridad social?

¿Podremos algún día promover un sistema de reparto si al adversario que constituyen la fuerza del sistema financiero, la complicidad de muchos actores políticos en todo el espectro y la indiferencia de la elite sumamos además a los propios cotizantes y sus necesidades económicas? Es probable que no.

Hay pocas políticas públicas con mayor impacto y alcance que la definición sobre el sistema previsional.

Sin embargo, en el debate sobre la Reforma Previsional sobresalen iniciativas o discusiones como las señaladas, que se agotan en si mismas y en su efecto mediático y no aspiran a siquiera evaluar su impacto en el sistema. 

Valga recordar que hace algunas semanas, la Democracia Cristiana se unía al gobierno en favor de la idea de legislar a cambio de la creación de un misterioso “ente público” que entregase los fondos del 4% adicional a privados que hicieran lo mismo que las AFP con la sola condición de que no fuesen una AFP.

Es que en nuestra discusión política lo que importan son las “señales”, los “gestos” y los “símbolos” que parecen ir en una dirección, aunque en realidad vayan en contrario o en ninguno.

Como si la coherencia de las políticas públicas y la idea de pensar un poco en el resultado efectivo de las propuestas en la vida de las personas fuesen lujos innecesarios y molestos.

Al final, la única señal real que se puede apreciar es la del deterioro progresivo de la calidad y alcance del debate en la República.

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