Ahorro forzado para salvataje de empresas
El gobierno está impulsando un proyecto de ley que permitiría que las empresas puedan financiarse emitiendo bonos de deuda (el comprador de estos instrumentos financieros presta capital al emisor) sin que se les exija calificación de riesgo y que autorizaría que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) puedan comprarlos, abriendo la cuestionable posibilidad de salvataje de empresas en problemas con dineros de todos los chilenos.
Postura diametralmente opuesta a la que ha tenido el Ejecutivo en el debate sobre la posibilidad de que los cotizantes que lo necesiten puedan acceder a un 10% de sus propios ahorros previsionales, para enfrentar la grave crisis económica producto del coronavirus que arroja una histórica caída de 15,3% del Imacec en mayo, el peor registro en 16 años.
Una muestra más de que el ahorro forzado en el sistema de cotización individual al que se obliga a las y los trabajadores, más que financiar jubilaciones persigue el financiamiento del sistema financiero.
Ello explica que no se permita que los ahorrantes retiren una parte de sus fondos, porque en ellos se sustenta el engranaje que aceita a grandes empresas y grupos económicos inyectándoles importantes capitales.
Con el proyecto de ley, el Ejecutivo busca facilitar el acceso de las compañías al mercado de financiamiento, aunque ello pueda implicar pérdidas para los cotizantes por una baja rentabilidad de los bonos de empresas que podrían resultar insolventes (que los bancos probablemente no comprarían), pero que no estarían obligadas a presentar una calificación de riesgo que evidencie su deplorable situación económica.
Como en una crónica de una crisis económica anunciada, el desempleo se ha empinado sobre los dos dígitos en el último trimestre según el INE con un 11,2%, lo que implica que casi un millón de chilenos (940 mil personas) están enfrentando sin trabajo esta triple crisis sanitaria, económica y social.
Del mismo modo, la pandemia ha visibilizado la informalidad que sufren dos millones y medio de personas, las que viven al día y se ven obligadas a salir a la calle a trabajar, exponiéndose al contagio para ganarse el pan.
Si bien el retiro de los ahorros previsionales es una medida extrema que sólo beneficiaría al sector formal, con estabilidad laboral y que ha cotizado por años, dada la urgencia de la crisis es una posibilidad que debe discutirse como una forma de evitar la pérdida de bienes raíces o de enfrentar otras urgencias económicas y que la justicia ya ha abierto con el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que ordenó la entrega de sus fondos previsionales a una profesora jubilada.
Producto de la pronunciada caída de la actividad económica como consecuencia de la paralización de actividades por el necesario confinamiento, son miles las personas que habían logrado salir de la pobreza que volverán a ser pobres, retrocediendo hasta en diez años en su situación económica.
49 millones de personas podrían caer en la pobreza en el mundo debido a la pandemia según estima la ONU, que además alerta sobre una emergencia alimentaria, mientras la Cepal proyecta un aumento de la pobreza de 9,8% en 2019 a un rango entre 11,9% y 13,7% en 2020.
Si la pobreza por ingresos se incrementará de forma importante, es esperable que la pobreza multidimensional lo haga aún en mayor medida.
Como hemos señalado desde el inicio de la pandemia, el coronavirus tiene un efecto diferenciado en los grupos más vulnerables y agudiza las diferencias socioeconómicas generadas por el modelo económico neoliberal, relevando las determinantes sociales en salud.
La tasa de mortalidad es mayor en sectores populares de la zona sur de Santiago y se duplica en hospitales públicos en relación a las clínicas privadas, en una curva de fallecimientos que está lejos de estar controlada.
Es así que el reciente reporte del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del ministerio de Salud, estima la escalofriante y lamentable cifra de 10.159 personas fallecidas por coronavirus en Chile (20 veces más que las víctimas del terremoto del 2010), que se desagrega en 7.057 con PCR positivo y 3.102 muertes sospechosas por este virus que mantiene de luto a nuestro país.
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