Alimentos y pobreza, una relación sensible en Chile

Guillermo Toro

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Chile muestra una visión simplista de los problemas que tiene la población nacional por su “olvido” de mirar la calidad de la nutrición de sus ciudadanos. Es cierto que en Chile no se puede hablar de desnutrición, pero si la malnutrición se ha enseñoreado en el país que se vanagloria de ser una “potencia agroalimentaria”, siendo su fuerte la fruta la pesca. Sin embargo, su consumo resulta deficiente al ser comparado con otros países de Latinoamérica, impactando con mayor fuerza a los sectores más vulnerables, en los cuales las familias dedican un porcentaje mayor de ingresos a la alimentación.

Según datos de OMS y analizados por FAO en el año 2013 Chile mostraba un 29% de obesidad en personas mayores de 20 años; según el MINSAL, el 67% de los adultos chilenos presenta exceso de peso, es decir, están fuera de sus rangos normales según su peso ideal.

En el caso de los menores de seis años, el registro del ministerio de Salud indica que el 10% padece obesidad, índice que se eleva al 25% cuando los niños llegan a primer año básico. Entre los países de la OECD (un referente muy usado en Chile), el país se encuentra entre los líderes de la obesidad, sólo superado por EEUU y México.

Chile no ha generado una política alimentaria para el consumo interno, aunque es un ejemplo de producción de alimentos de calidad para el mundo, el Estado no se ha involucrado en los temas de nutrición desde que en los años 1960 cuando se creó el ministerio de Agricultura, en cuya ley constitutiva señalaba “del mejoramiento de las condiciones de nutrición del pueblo”, pero esto fue olvidado en el tiempo por otras prioridades.

El ministerio de Salud ha mostrado en su objetivo “proteger la salud de la población fomentando hábitos alimentarios saludables y asegurando el consumo de alimentos inocuos y de buena calidad nutricional”. La disponibilidad de alimentos inocuos, constituye un derecho humano, que contribuye a la salud y a la productividad, pero a pesar de este mandato, Chile no ha potenciado una política expresa para la alimentación saludable.

En los últimos años en el mundo han ocurrido una serie de comportamientos sociales orientando el problema de la alimentación como un tema a discutir en la relación Estado-Comunidad; así es como en los Frentes Parlamentarios y algunas iniciativas de Congresos latinoamericanos han llevado adelante leyes sobre la cuestión  alimentaria y giran en su entorno los nuevos Objetivos de Desarrollo Sustentables generados en NNUU.

En los últimos tres años entre 2013-14-15, el IPC que sirve para fijar indicadores económicos, tuvo un aumento de 12.5% mientras que el índice de alimentos y bebidas subieron 19.7% , o sea el valor de los alimentos en esos meses registró un aumento del 57,36 % más que el IPC total y los mayormente fueron afectados las familias de menores ingresos que destinan un porcentaje importante de estos en el gasto de alimentos.

Según CASEN 2013, el 50.1%  de los hogares chilenos recibían menos de un millón de pesos como ingreso familiar con un promedio de $446.09; estos grupos familiares  gastan más del 25% en alimentos (los del menor quintil gastan un 37.41% de su ingreso en alimentos, hasta los del quintil 4 que gastan el 22.41% de sus ingresos en alimentos y bebidas), pero aun estimando el crecimiento del salario mínimo en ese lapso de tiempo, como señala la SOFOFA (16.04%,) que incluye a todos los trabajadores en ejercicio, resulta menor que el aumento del IPC de alimentación.

Una familia con ingreso de $500.000 que gastaba $125.000 en comestibles en diciembre 2013, por efecto del aumento del IPC de alimentos y bebidas, debió gastar $ 196.700 para adquirir sus alimentos en diciembre del 2015, sensible reducción de recursos de $71.700 de su ingreso mensual.

Los trabajadores chilenos han tratado de reducir los efectos del aumento de precio de sus alimentos, con una fórmula en que los han reemplazados  por otros gastos (medicinas, trasportes, distracciones) o por consumo de procesados y ultra procesados de menor valor económico, pero más accesibles.

Según han señalado la OPS/OMS, Chile es uno de los países que muestran un crecimiento mayor del gasto en alimentos procesados y  junto a México, presenta los mayores crecimientos en consumo de alimentos ultra procesados.La Organización Mundial de la Salud  y el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer señalan que las bebidas azucaradas, los snacks de alta densidad energética y la “comida rápida”, todos ellos ultra-procesados contribuyen a la obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares y varios tipos de cáncer.

Chile merece analizarsu sistema alimentario, generando una política alimenticia  saludable. Por su parte, el MINSAL y el MINAGRI deben potenciar su acción con una mirada hacia el interior del país, esto no quiere decir que se reduzcan los aportes del Estado para la promoción de exportaciones, la idea es que los instrumentos de la política pública sirvan para dinamizar el sistema alimentario nacional.

La legislación nacional requiere mirar el problema con sanidad y calidad sostenibles, para reducir los efectos de las enfermedades recurrentes como diabetes, hipertensión y cáncer y reducir aún más el índice de hambre que aún tiene el país.