Ayudas estudiantiles: créditos de la angustia

En la Educación Superior (ES), el fenómeno más destacado ocurrido en el último decenio es la masificación de la matrícula. En efecto, en 2005 alcanzaba a 637.226 inscritos, mientras en 2011 sumó 1.068.263.

Entre otros factores, esto se explica por la presión social ejercida por una masa de estudiantes que, completada su educación media, tenía aspiraciones de acceso a un nivel más alto; el estímulo del ascenso social y la rentabilidad privada de la ES; la difusión de las condiciones en que se accedía al Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU) , no sólo por los subsidios, sino además por la flojedad de su cobranza; y la apertura de nuevas líneas de crédito, tales como los préstamos CORFO y, especialmente, el Crédito con Aval del Estado (CAE), creado en 2006, que se extendió también a los estudiantes de entidades que no pertenecían al CRUCH (Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica).

También influyó la implantación de un sistema de becas que creció con mucha rapidez.

Como consecuencia de la expansión de la matrícula en las Instituciones de la ES (IES), las ayudas estatales mediante créditos y becas han tenido un rápido incremento. Estas ayudas están fuertemente concentradas en el segmento universitario (principalmente del CRUCH), que capta el 87,0%.

Por otra parte, los montos de las ayudas estudiantiles se reparten entre las IES, tanto por factores de tipo institucional e histórico, como por la calidad de los respectivos centros de estudios que atraen a los mejores estudiantes. A pesar de ello, entre las universidades del CRUCH hay varios casos en las que su financiamiento fiscal está concentrado en las ayudas estudiantiles, aún cuando su calidad es inferior.

¿Por qué créditos?

Los créditos y el otorgamiento de becas implican subsidios que el Estado otorga a los estudiantes que siguen en la enseñanza terciaria. Se fundamenta en los beneficios sociales que se desprenden de esta actividad, más allá de aquellos de tipo privado.

Contar con una población con más y mejor educación superior hará una contribución al bien común y al desarrollo económico y contribuirá a la cohesión social y estabilidad política.

La primera pregunta que es necesario aclarar es ¿porqué el Estado debe intervenir en el proceso de otorgamiento de créditos entre una entidad financiera y el estudiante? quien, si realiza estudios superiores tiene una alta rentabilidad financiera y podría pagar un préstamo, ¿cuál es la razón de la intervención estatal?.

Lo hace, porque el estudiante y su familia carecen de garantías suficientes para respaldar el eventual incumplimiento del préstamo, y porque el alto costo de la educación superior y el período prolongado en que la entidad financiera recuperaría el crédito, transforman al préstamo en una acreencia de alto riesgo para el posible acreedor. La experiencia señala alta deserción y morosidad.

En Chile existen tres sistemas de créditos para financiar la educación superior:

a) Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU). Solo para los matriculados en alguna universidad del CRUCH y que participen en los cuatro quintiles de inferiores ingresos familiares y que obtuvieron un puntaje mínimo de 475 puntos en la PSU.

Cubre hasta el arancel de referencia de la respectiva carrera para familias de los quintiles I a III y parcialmente en el quintil IV; y está limitado a 1,5 veces la duración teórica de la carrera. Las condiciones financieras son favorables para el deudor, ya que se contrata en UTM con un interés del 2% anual, con un período de amortización entre 12 y 15 años, después del cual la deuda se extingue; se comienza a servir después de dos años del egreso y los pagos son contingentes al ingreso del estudiante, limitados al 5% de sus entradas del año anterior.

La morosidad ha sido elevada y creciente ante la ausencia de mecanismos eficaces de cobranza y la carencia de estímulos en las entidades formalmente acreedoras.

b) Crédito con Aval del Estado (CAE). Se creó para dar acceso a los estudiantes de las entidades de la ES que no forman parte del CRUCH, es decir, universidades privadas, IP y CFT, que estaban al margen de los beneficios crediticios que otorgaba el Estado a través del FSCU.

Se constituyó un nuevo sistema que pasó a operar junto al sistema bancario y con la garantía tanto del Fisco como de las entidades que matriculan a los alumnos.

Los créditos se establecen en UF, con un máximo equivalente al arancel de referencia de la carrera, amortizables entre 10 y 20 años con un período de gracia de 18 meses, con algún grado de contingencia al ingreso y con la suspensión del pago en caso de cesantía.

La puesta en marcha de este mecanismo fue una de las causas del explosivo aumento de la matrícula en las entidades que no formaban parte del CRUCH, especialmente universidades privadas e IP, sobre todo de familias de bajos ingresos.Sin embargo, las condiciones del crédito y las características sociales de los nuevos estudiantes, generaron una alta morosidad, especialmente entre quienes abandonaron sus estudios.

c) Los créditos CORFO. Estuvieron vigentes hasta 2011 y han resultado los más onerosos para los deudores. Desde la puesta en marcha del CAE en 2006, fueron paulatinamente perdiendo importancia.

En efecto, en 2011, último año de funcionamiento, solamente se entregaron 3.837 préstamos, el 1,0% del total cursado. Se estima que en la actualidad hay más de 100.000 personas todavía deudoras. Su situación futura aún está pendiente.

Nuevo crédito, la contingencia al ingreso y rentabilidad futura de la ES

El proyecto de ley enviado al Parlamento tiene el mérito de establecer un sistema único de crédito con aval del Estado que reemplazaría a los vigentes: tasa de interés del 2% anual sobre UF, 2 años de gracia desde el egreso, suspensión por cesantía, duración máxima de 15 años y pagos contingentes al ingreso del deudor.

Además, ante la mala experiencia del CAE con la administración bancaria y el repudio masivo de los estudiantes, se reemplazaría a las entidades financieras por un sistema de administración centralizada, aún no definido con claridad. Frente a esta propuesta habría mucho consenso, excepto por los dirigentes estudiantiles que continúan demandando la soñada gratuidad de la educación.

Por otro lado, parte de la presión por incorporarse a la ES se debe a las expectativas de obtener en el futuro condiciones de vida mejores. Sin embargo, quien tiene la aspiración se basa en la observación de la realidad actual que le toca vivir, pero a medida que pase el tiempo la situación cambiará progresivamente, con la incorporación de una gran masa de personas a la ES.

Así, el aumento en la oferta de especialistas con educación terciaria traerá consigo que crezca con mayor rapidez que las necesidades del país, fenómeno que ya se aprecia en algunas profesiones en que las remuneraciones esperadas están por debajo de las logradas por una parte de los egresados.

Ese fenómeno será cada vez más intenso, lo cual constituye otro factor que refuerza la necesidad de otorgar prioridad al tema de la información, responsabilidad indelegable del Estado, en especialmente sobre la calidad de las IES y las posibilidades de empleo y remuneraciones futuras.

Leer versión extendida en: http://www.asuntospublicos.cl/2012/08/ayudas-estudiantiles-creditos-de-la-angustia/