Cambalache. La Polar y Moya

¡Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor!... ¡Ignorante, sabio o chorro, generoso o estafador! – dice el inolvidable y tan conocido verso del tango Cambalache.

Su autor, Enrique Santos Discépolo, expresó así la impotencia de un ciudadano honesto ante las notorias injusticias del mundo y, en particular, frente a la inexistencia de parámetros éticos para medir el comportamiento de personas e instituciones.

Su crítica apuntaba, en definitiva, a que ceñirse a las normas parecía no tener recompensa, pues quienes actúan al margen de estos cánones parecen tener mejor suerte, fama e influencia.

La facilidad y condiciones preferenciales con que La Polar consiguió el aplazamiento de sus compromisos financieros, por parte de sus acreedores, me han recordado esa estrofa.

Lo ocurrido es una burla para los millones de agobiados y maltratados pequeños deudores de nuestro país.

El acuerdo alcanzado durante esta semana implica que la compañía, acusada de realizar repactaciones automáticas, con grave perjuicio a sus clientes y de falsear burdamente su información contable, por más de diez años, para mejorar su valor bursátil, afectando a sus inversionistas - entre los que se cuentan los trabajadores afiliados a las AFP - tendrá hasta el año 2032 para normalizar su situación.

Bancos, compañías de seguros, administradoras de fondos de pensiones y otros acreedores aceptaron este pacto. Una oferta imposible de resistir, como se diría en una escena de El Padrino. Si se empeñan en cobrar hoy, La Polar no cuenta con activos suficientes y quiebra. Recuperarían una ínfima parte de lo debido.

La arriesgada, pero casi obligada apuesta, en cambio, implica procurar que la empresa sobreviva para obtener, en un largo plazo, una suma mayor. Si resultó o no se sabrá en dos décadas. Si fracasa, los afectados seremos millones de cotizantes que ahora concurrimos involuntariamente a salvar a la tienda.

Ello revela una indignante disparidad de criterios, pues mientras al deudor común y corriente, que con esfuerzo paga su crédito, obtenido bajo condiciones leoninas, se le asfixia, se le hostiga y se le cobra hasta el último peso, con cuantiosos intereses y gastos de cobranza y administrativos, hay manga ancha para los abusadores de cuello y corbata.

¡Qué bueno sería que la banca y la propia multitienda replicaran estas ventajosas condiciones con sus deudores hipotecarios y de consumo morosos, como también con las pequeñas y medianas empresas!

Lo ocurrido demuestra la necesidad de legislar en materia de insolvencia de los hogares.

La Polar ha tenido todas estas facilidades, como una ampliación enorme del plazo, la condonación de intereses y el retraso en el pago del capital, a través de un procedimiento concursal, o sea, negociando al mismo tiempo con todos sus acreedores.

Eso mismo debe estar al alcance de cualquier deudor mediante un mecanismo de insolvencia familiar que le permita, con el apoyo de un juez o un mediador, lograr un acuerdo que involucre todas sus obligaciones y en condiciones razonables.

Tener un sistema de este tipo para los hogares, tendría sólo efectos positivos, pues evitaría a los deudores tener que enfrentar uno a uno a sus acreedores, con la enorme pérdida de tiempo y recursos que ello significa, como también verse en la necesidad de obtener nuevos créditos (la tan recurrida “bicicleta”) o aceptar repactaciones usureras para mantenerse al día en sus compromisos.

Lamentablemente, ni el Gobierno ni el Parlamento han tenido decisión para abordar esta materia, que propuse hace ya seis años en un proyecto de ley y que forma parte ineludible de un nuevo estatuto para el crédito, donde se incluya también la reducción de tasas y el perfeccionamiento de la fiscalización. Sería un gran paso para mejorar las condiciones de los deudores.