ChileValora 2025: cuando reconocer competencias también es una política de futuro

Ximena Rivillo Oróstica

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• Reconocer la experiencia de quienes cuidan es un deber

En un país donde el trabajo cambia más rápido que los títulos académicos y donde miles de personas han aprendido su oficio en la práctica, reconocer las competencias laborales no es solo un acto administrativo, es una decisión de justicia social y de desarrollo productivo. Ese fue, precisamente, el sentido que marcó el trabajo de ChileValora durante 2025.

El año pasado estuvo atravesado por desafíos profundos para el mundo del trabajo. La transformación tecnológica, los procesos de reconversión productiva y las tensiones económicas en sectores estratégicos obligaron a repensar cómo acompañamos a trabajadoras y trabajadores frente a escenarios de cambio y cómo las empresas cuentan con trabajadores calificados. En ese contexto, la certificación de competencias laborales se consolidó como una herramienta concreta para entregar certezas, movilidad y proyección laboral.

Así fue como gracias a la nueva ley de ChileValora (21.666), que opera desde 2024, y que dota de recursos propios a este servicio público, el año pasado incrementamos en más de 10 mil los procesos de evaluación a trabajadoras y trabajadores con relación a años anteriores, consolidando un total de más de 30 mil procesos de evaluación y casi 28 mil personas certificadas en oficios y ocupaciones que aportan con sus conocimientos y experiencia al desarrollo productivo del país. De este último total, el 42,6% corresponde a mujeres, lo que, sin duda, aporta a una mayor inserción de mujeres al mercado laboral.

Asimismo, 2025 fue un año de consolidación territorial. La presencia regional de ChileValora se fortaleció con la apertura de las tres primeras oficinas a lo largo del país, en Antofagasta, Valparaíso y La Araucanía, permitiendo que la política pública de certificación dialogue de mejor manera con la vocación productiva local. En regiones con fuerte identidad industrial y de servicios, este trabajo resultó clave para apoyar procesos de adaptación laboral, reconversión y empleabilidad, especialmente en contextos de ajuste sectorial.

Durante 2025, ChileValora fortaleció su rol como articulador del diálogo social, reuniendo al Estado, empleadores y trabajadores en torno al objetivo común, que las habilidades que sostienen la economía del país sean visibles y reconocidas. En esta dinámica, se consolidaron 20 Organismos Sectoriales de Competencias Laborales (OSCL), entidades tripartitas de distinto sector productivo, que proponen, revisan y aprueban los perfiles de competencias laborales necesarios para la certificación, dialogando con los Observatorios Laborales, la academia y expertos.

A su vez, la profundización de la articulación con instituciones de educación técnico-profesional permitió que la experiencia laboral deje de ser un punto final y se transforme en una puerta de entrada a nuevos aprendizajes, convalidaciones y oportunidades de continuidad de estudios. Para miles de personas que trabajan y estudian al mismo tiempo, este enfoque marca una diferencia real. El año 2025 terminó con 44 convenios firmados entre ChileValora e instituciones de educación superior técnico-profesionales que reconocen la certificación de competencias laborales para convalidar asignaturas en alguna de sus carreras.

El balance también deja aprendizajes. Certificar competencias no es un fin en sí mismo si no va acompañado de información clara, orientación laboral y articulación con políticas de empleo. Avanzar en esa integración seguirá siendo una tarea prioritaria, porque el reconocimiento de saberes cobra verdadero sentido cuando abre nuevas oportunidades concretas para las empresas y para las trabajadoras y los trabajadores.

Mirando hacia adelante, lo realizado por ChileValora en 2025 sienta bases sólidas para los desafíos que vienen. En un país que necesita crecer con cohesión social, productividad y equidad, reconocer lo que las personas saben hacer, más allá de cómo o dónde lo aprendieron, es una señal potente del significativo rol del Estado, para aportar a generar confianza pública y diálogo fructífero.