América Latina y el Caribe enfrenta importantes desafíos para la seguridad alimentaria de la población. La desaceleración económica, la crisis climática, la pandemia por COVID-19, y el reciente conflicto en Ucrania, han producido efectos profundos en los sistemas agroalimentarios y la alimentación de las personas. Como consecuencia de estas múltiples crisis, en el 2022 se llegó a los niveles más altos de los precios internacionales de alimentos y, actualmente, enfrentamos un ciclo inflacionario que afecta principalmente a los sectores más vulnerables, los que gastan una mayor proporción de sus ingresos en alimentos.
El Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe 2022, publicado recientemente por FAO y diversas agencias de Naciones Unidas, devela un tema adicional vinculado a la falta de acceso a la alimentación de millones de familias en el mundo: una alimentación saludable es aún más difícil de obtener y es un factor que amplía la desigualdad de ingreso.
El informe revela que la región registra un costo de la dieta saludable más alto, en comparación al resto del mundo. El costo de esta dieta en la región alcanza los USD $3,89 ($3.170 pesos chilenos) diarios por día y por persona, mientras que el promedio mundial es de USD $3,54 ($2.885 pesos chilenos). En Chile, una dieta saludable alcanza USD $3,4 ($2.771 pesos chilenos) muy por debajo del valor regional.
Chile, está en el rango de las "cifras positivas" en la mayoría de los índices estudiados en Panorama 2022, en comparación a otros países de la región, sin embargo, se encuentra en una situación de alerta para evitar que los vaivenes de la economía afecten directamente a la seguridad alimentaria del país. En este punto el gobierno de Chile ha sido activo al llevar a cabo acciones pertinentes, como lo son la creación de la Comisión Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria, la Comisión para la prevención y reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, y la Mesa de trabajo nacional de ferias libres.
Chile también ha tomado medidas relacionadas a la protección social, para amortiguar los efectos de la inflación, enfocadas en transferencias en efectivo, ampliación del Programa de Alimentación Escolar y un aumento en el monto de las becas de alimentación para la educación superior. Anteriormente el gobierno dispuso, además, el incremento paulatino del salario mínimo.
El país ha realizado grandes esfuerzos y ha sostenido un trabajo constante por la lucha en contra del hambre y la desigualdad. Junto a la FAO, se trabajó en un proyecto con el Ministerio de Salud relacionados con la elaboración de nuevas Guías Alimentarias para la población chilena, con enfoque de género y sostenibilidad. A través de la Oficina de estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) también se elabora el diseño de un Plan de Contingencia Alimentaria.
El informe propone acciones coordinadas desde la producción, comercialización y apoyo al consumo de los alimentos saludables, incluyendo frutas y verduras. También resulta importante poder fortalecer la información de productos y precios de mercados y el comercio, para aumentar la oferta de alimentos nutritivos y potenciar su comercialización. FAO seguirá trabajando de la mano con los distintos países para lograr la seguridad alimentaria y, al mismo tiempo, garantizar que se cumpla el derecho a una alimentación justa, suficiente y de buena calidad para todas las personas.
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