Empresas innovadoras y no coludidas

Para nadie es un misterio que, en momentos de desaceleración económica, las grandes empresas del país optan por cautelar celosamente sus inversiones. Bajo el argumento,por cierto debatible, de que estamos viviendo tiempos de “incertezas jurídicas” e “incertidumbre económica”, buscan justificar una posición defensiva, incluso a costa de reducir salarios o empleos para, según ellos, garantizar la productividad.

La inversión en innovación, investigación y en capital humano quedan a trasmano, reducidas a alguna mención superficial en las memorias de gestión, pero ajenas al propósito de fondo, que parece ser el de obtener ganancias con el menor esfuerzo posible.

En Chile, y salvo honrosas excepciones, la investigación y la innovación no la hacen las empresas. La hace el Estado, a través de instituciones públicas, y la hacen las universidades, algunas de ellas también estatales.

Hasta hace muy poco, las empresas preferían tomar el camino más corto posible. Para qué investigar e innovar, para qué competir y crear nuevos mercados, con mejores productos y servicios a precios razonables, si bastaba con saltar la valla de la legalidad para coludirse, maximizar las ganancias y traspasar todo el costo al consumidor.

El proyecto de ley que fija normas para la defensa de la libre competencia y sanciona penalmente la colusión –actualmente en trámite- constituye una medida potente para poner freno a las empresas que traspasan los límites de la libre competencia y que prefieren poner su creatividad y esfuerzo en encontrar atajos y hacer trampas.

Esta iniciativa no busca sólo cumplir un rol punitivo. También debería provocar un efecto positivo en la actividad económica, alentando la competitividad y la innovación, y contribuyendo de esa forma a recuperar la confianza de los actores económicos y entre éstos y la ciudadanía.

La desconfianza es hoy una característica instalada en toda la sociedad chilena y no se limita ni circunscribe sólo al ámbito de lo público. También afecta y con bastante severidad al sector privado.

La opacidad y la corrupción, el abuso y la falta de probidad están también presentes en el mercado. La colusión es probablemente la más vistosa de un amplio catálogo de malas prácticas al que se hace imprescindible poner atajo.

A Chile no le hacen bien los empresarios que abusan de sus trabajadores, del medioambiente y de los consumidores, que prefieren coludirse y conformar verdaderos carteles que controlan el mercado para aumentar sus ganancias. El país necesita mejores empresas, más modernas, más innovadoras y más dispuestas a invertir en capital humano.

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