Escándalos financieros y control ciudadano
El pasado 20 de septiembre, diversos medios internacionales revelaron la filtración de miles de reportes de operaciones sospechosas enviados por bancos, y otras firmas financieras, a la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés). Estos documentos son de extrema sensibilidad, porque describen potenciales comportamientos ilícitos de miles de clientes bancarios alrededor del mundo.
Según un análisis realizado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, los documentos muestran que gigantes de la banca global como JP Morgan, HSBC y Deutsche Bank, permitieron que delincuentes y políticos corruptos lavaran dinero usando sus servicios, incluso después de haber sido multados en el pasado por las autoridades de Estados Unidos en estos mismos temas.
Este escándalo es preocupante porque se suma una larga lista de otros casos similares como los Panama Papers, Paradise Papers, Swiss Leaks, y otras filtraciones de documentos. Los archivos FinCEN y los escándalos anteriores refuerzan la evidencia de lo habitual que es que los organismos financieros (especialmente los que operan desde paraísos fiscales) hagan la vista gorda a sus obligaciones de buena diligencia y control interno cuando están involucrados clientes “especiales” o grandes sumas de dinero.
En Chile, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) notificó que está recabando más antecedentes respecto a las entidades financieras locales mencionadas en los informes FinCEN. El Senado también ofició a esta entidad de control para conocer mayores detalles de la posible arista chilena del escándalo.
Independiente de los resultados de la investigación de la CMF, el involucramiento de gigantes bancarios traerá repercusiones en nuestro país y a nivel mundial. Uno de ellos será la profundización del debate para mejorar las debilidades de integridad en el sector financiero global.
Una alternativa es que los Estados se comprometan a mejorar la transparencia corporativa a través de la creación de registros únicos y públicos de dueños de empresas, también conocidos técnicamente como “registros de beneficiarios finales”.
El acceso público a los registros amplía la capacidad de periodistas y organizaciones civiles de examinar las actividades empresariales; por ejemplo, verificando la identidad de los beneficiarios de sociedades que reciben recursos de contratos públicos.
Extender el número de actores que monitorean las actividades económicas facilita el trabajo de las agencias públicas que investigan delitos de lavado de activos y corrupción. También es una gran ayuda a los equipos de profesionales encargados del control interno dentro de los bancos y otras grandes entidades financieras.
En nuestro país la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en conjunto con otras instituciones públicas y civiles, lanzaron una consulta ciudadana sobre una propuesta nacional de registro público de beneficiarios finales de personas jurídicas. Esta es una gran oportunidad para que los ciudadanos y el sector empresarial puedan contribuir con su opinión a mejorar el registro. No hay mejor momento que el actual contexto para promover esta importante herramienta.
Finalmente, es de esperarse que no tenga que ocurrir otro nuevo escándalo para recordar a las autoridades y al sector financiero global y nacional la necesidad de hacer reformas efectivas.
Permitir que narcotraficantes, mafiosos, políticos corruptos y evasores de impuestos continúen sus actividades delictivas a través de mecanismos financieros, erosiona la confianza en estos servicios y la legitimidad ciudadana en los mercados.
Esto afecta directamente el desarrollo económico y la estabilidad de los sistemas democráticos. Lo anterior es una gran responsabilidad. Es hora de actuar.
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