El lunes 2 de diciembre se dio a conocer la noticia que la USACH pondrá fin gradualmente a su sistema de subcontratación para los servicios externos de aseo, jardines y seguridad, pasando cerca de 300 trabajadores que estaban en este régimen a ser funcionarios de planta de la institución. Una acción loable y que vale la pena destacar en este contexto social.
La subcontratación en Chile ha traspasado el menor costo del servicio a las condiciones laborales de los trabajadores, generando muchas veces precarización laboral.
La legislación del año 2007 que buscó avanzar en su regulación, dejó vacíos que permiten malas prácticas por parte de las empresas mandantes, abusando de la subcontratación para suplir tareas propias de sus faenas principales, utilizándolo como un medio para rebajar salarios y no como instrumento de especialización productiva.
De esta forma, en una misma empresa coexisten trabajadores que realizan las mismas labores e incluso bajo las mismas órdenes y en una misma jornada, pero unos contratados directamente y otros a través de contratistas. Estos últimos en peores condiciones, con salarios más bajos, con menores beneficios, con trabajos intermitentes y con ello, períodos de desempleo, con alta rotación, sin muchas posibilidades de capacitación y con dificultad para sindicalizarse y negociar colectivamente.
Lamentablemente, lo que aquí tenemos son trabajadores de primera y segunda categoría, avalados por la ley.
¿Cómo se justifica que haya trabajadores que hacen una misma labor algunos de planta y otros subcontratados? ¿Cómo no darse cuenta que la convivencia de esta doble realidad es fuente de conflictos entre las personas que deben colaborar en un mismo objetivo?
¿Cómo no percatarse de la existencia de un caldo de cultivo de futuras rabias que podrían explotar de la misma forma que hemos visto estos días?
El estallido social y la demanda de una sociedad con mayor justicia social, nos debe abrir los ojos para comprender que las injusticias y desigualdades están tan insertas en nuestra estructura y nuestra manera de actuar, que muchas veces la obviamos o hacemos vista gorda, legitimando un modelo económico que ha deshumanizado a la persona, considerándola como un recurso más “que se puede usar y luego tirar”.
Es necesario recordar que, por ser la obra de un hombre o mujer, el trabajo no es una simple mercancía, sino algo inherente a la persona y no puede, por tanto, estar sujeto solo a criterios económicos.
Como bien nos recuerda el Papa Francisco, “no hablamos sólo de asegurar a todos la comida, o un «decoroso sustento», sino de que tengan «prosperidad sin exceptuar bien alguno». Esto implica educación, acceso al cuidado de la salud y especialmente, trabajo, porque en el trabajo libre, creativo, participativo y solidario, el ser humano expresa y acrecienta la dignidad de su vida.” (Evangelii Gaudium, nº192).
Lo realizado por la USACH lo reconocemos públicamente y nos interpela a todos y también a nosotros como Iglesia, a terminar con estas formas de precarización laboral que muchas veces están instaladas en nuestras instituciones.
Por otro lado, si de todas maneras se acudirá a la subcontratación de servicios externos, podría tenerse en mente a las cooperativas de trabajo, donde los y las trabajadoras organizados establecen sus condiciones en base a valores justos y democráticos, en vez de empresas contratistas, donde el intermediario muchas veces tiende a maximizar su ganancia a costa del salario de los trabajadores.
Optar por estas cooperativas se transforma en una verdadera alternativa que no precariza el trabajo y se potencia una Economía Social y Solidaria que apunte a un desarrollo más inclusivo y sostenible, pues está claro que el modelo económico que ha primado en los últimos años ya no da para más.
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